La Comisión Europea ha validado el Procedimiento de Actuación contra la desinformación elaborado por el Gobierno, que fue aprobado el pasado 6 de octubre por el Consejo de Seguridad Nacional y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de noviembre.

Tras un profundo análisis de la orden ministerial, la Comisión ha concluido que el Procedimiento "actualiza el sistema español existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y para establecer estructuras de coordinación".

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Así consta en su respuesta a la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, que interpeló a la Comisión Europea para que se pronunciara sobre el hecho de que el comité de vigilancia propuesto esté controlado por la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende directamente del Ministerio de la Presidencia, así como sobre la posibilidad de que pudiera limitar la libertad y pluralismo de los medios de comunicación.

En su respuesta, la Comisión entiende que "la orden ministerial no constituye una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación".

A juicio de la institución ejecutiva comunitaria, "el comité permanente se encarga de supervisar y evaluar las campañas de desinformación en línea, investigar su origen y determinar si el caso debe elevarse al Consejo de Seguridad Nacional para que se adopte una respuesta política, como actuaciones diplomáticas o medidas de represalia cuando el autor sea un Estado extranjero".

Esta labor, subraya la Comisión "es responsabilidad del Gobierno central y está en consonancia con el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018, en el que se pedía a los Estados miembros que reforzaran sus capacidades en la lucha contra la desinformación". De este modo, la Comisión Europea avala con esta respuesta a la eurodiputada Pagazaurtundúa el Procedimiento de Actuación contra la desinformación aprobado por el Gobierno de España, que, a juicio de Bruselas, no supone ninguna merma de la libertad de prensa ni intento de control sobre los medios de comunicación.

El plan del Gobierno establece "la necesidad de una acción coordinada y acorde a nuestros valores democráticos", que haga frente "a los riesgos y amenazas para la sociedad" con el objetivo de "hacer frente a la desinformación", según el Consejo de Seguridad Nacional, que asegura que en ningún caso pretende "entrar en el debate político".