Según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado remitido a Europa Press, la explotación incumple las distancias mínimas respecto al núcleo de población, carece de protección para los animales contra las inclemencias meteorológicas y depredadores, además de tener los suministros de comida y agua en la vía pública y sin ningún tipo de instalación para ello, ni cuidadores suficientes y cualificados para la atención de los animales.
Asimismo, los propietarios de la granja tampoco presentaron la documentación necesaria para poder realizar su actividad, como la licencia de apertura, de actividad, licencia ambiental, libro de registro o la guía de transporte y tenían el certificado sanitario caducado. Igualmente, los agentes comprobaron que no se realizaba una eliminación higiénica de los residuos (estiércol).
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