CEG se suma a CEOE al pedir al Defensor del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de patrimonio

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se adhiere a la petición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva redacción de la Ley del impuesto sobre el patrimonio recogida en el artículo 66 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

En un comunicado, la CEG ha explicado que se ha sumado a la iniciativa de la CEOE, como han realizado las demás patronales territoriales españolas en contra de un impuesto que consideran "injusto desde el punto de vista constitucional".

En concreto, el sector empresarial ha fundamentado su postura en un informe jurídico que advierte sobre el "carácter confiscatorio" de esta tasa, que, frente a lo establecido en el artículo 31 de la Constitución Española, "grava el ahorro procedente de rentas por las que ya se ha tributado anteriormente a través de otros impuestos".

En este sentido, la CEG ha destacado el "carácter anómalo" del impuesto de patrimonio, que solo existe en España a nivel europeo, un aspecto trasladado por el Defensor del Pueblo en un informe remitido a las Cortes Generales en 1984.

Así las cosas, la petición dirigida a este órgano ha incidido en que las empresas reclaman "un sistema tributario justo", que contribuya a los gastos públicos "en función de su capacidad económica" bajo el principio de "igualdad y progresividad", pero sin un "alcance confiscatorio".

COBRO DE IMPUESTOS Y PROCEDIMIENTOS "JUSTOS"

Por ello, ha demandado la supervisión del Defensor del Pueblo para que se garantice que el cobro de los impuestos y los procedimientos aplicables "sean justos" y ha hecho hincapié en que la Ley de los PGE para 2021 incrementa el tipo marginal máximo de la tasa de patrimonio "del 2,5% al 3,5%" y establece "su mantenimiento con carácter indefinido".

Ante esta situación, la patronal gallega ha lamentado que, en proporción, la presión fiscal para el sector empresarial y la recaudación procedente del mismo sea mayor en España que en otros países de la UE, lo que ha asegurado que afecta a la competitividad empresarial y "contribuye a la destrucción de empleo".

En cambio, la CEG ha defendido la necesidad de una reducción de la presión fiscal sobre empresas y profesionales, tal y como se ha realizado en otros países, para "no comprometer la supervivencia del tejido productivo" en un momento en el que "la falta de ingresos en muchos negocios es constante".

Además, ha reiterado la importancia de apostar por una tendencia a la eliminación de medidas fiscales que "disuadan a particulares y empresas de realizar inversiones productivas en Galicia".

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