En verano de 2018, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la primera época de la Gürtel provocó que un conglomerado de partidos aupara al socialista Pedro Sánchez a La Moncloa, ya que el PP fue condenado en firme por lucrarse de la trama. Dos elecciones generales después y en medio de la tercera ola de la pandemia del coronavirus, el PP vuelve a enfrentarse a sus fantasmas pasados.

Este lunes comienza el juicio que dilucirá si la formación, que estará en el banquillo de los acusados junto a su extesorero Luis Bárcenas, pagó con dinero negro la reforma de su sede madrileña, situada en el número 13 de la calle Génova. El caso contará con decenas de testigos, entre ellos los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, y prevé alargarse hasta el mes de mayo con más de 40 sesiones.

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"Muchos dicen que es el juicio de los papeles de Bárcenas o el de la caja b del PP. No es que no tengan razón, pero no la tienen al completo". Con esta frase, una fuente inmersa en el proceso judicial trata de explicar qué va a tratar de juzgar la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuya misión será comprobar si la reforma de la sede del PP en Madrid (Génova, 13) se pagó con dinero negro.

El comienzo de la causa data de 2013. Después de la publicación de los papeles del extesorero, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias informativas e Izquierda Unida y otras entidades presentaron una querella criminal que, según presumen desde la formación, dio pie a esta investigación, que llega a la fase oral ocho años después.

El principal acusado de esta pieza es Luis Bárcenas, el extesorero del PP que actualmente se encuentra en prisión tras ser condenado a 29 años y 1 mes. En su confesión más reciente, que remitió el pasado 26 de enero a la Fiscalía Anticorrupción, Bárcenas reconoció que pagó las obras de reforma con dinero no declarado.

"En 2008 existían unos ingresos anotados en la contabilidad paralela de algo más de 1.000.000 de euros, de los que 900.000 euros se destinaron a la remodelación de la sede de Génova", confesó en su escrito. Junto a él, que se enfrenta a cinco años de prisión por los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, se sentarán en el banquillo de los acusados el exgerente popular Cristóbal Páez (piden un año y medio de prisión para él); dos socios de Unifica, constructora que llevó a cabo las obras; y el PP como responsable civil subsidiario de los delitos de los que se acusa a los investigados.

La expectación del juicio no solo está en el banquillo de los acusados, sino también en el nombre de los testigos que desfilarán por la Audiencia Nacional para dar su versión sobre los hechos. Ni más ni menos que dos expresidentes del Gobierno han sido citados: se trata de José María Aznar y de Mariano Rajoy, que ya tuvo que declarar en la Audiencia Nacional en julio de 2017 por los primeros años de actividad de la trama Gürtel.

También comparecerán los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila; y el expresidente del Senado Pío García Escudero. Muchos de estos nombres, además, fueron mencionados por Bárcenas en su confesión como receptores de sobresueldos que salían de la caja B.

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La procedencia del dinero con el que se pagó la reforma de la sede de los populares no es la única causa judicial que le queda al PP, pues existe otra en la que la Justicia tratará de aclarar la relación entre las donaciones que empresas realizaban a la formación y la concesión a las mismas compañías de ajudicaciones de obra pública. Este último extremo lo ha llegado a reconocer también Bárcenas.

En la confesión que se conoció hace días, explicó que "en algún caso concreto" la donación de dinero iba aparejada de adjudicaciones por parte de gobiernos del PP. Esta investigación fue reabierta hace casi cuatro años después de que el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, revelara que algunas constructoras recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente.