El juicio a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por el caso Máster queda visto para sentencia este viernes con las partes defendiendo una posición similar a la expuesta al comienzo de las sesiones hace varias semanas. La Fiscalía mantiene su petición de tres años y tres meses de cárcel para la exmandataria popular por ser la inductora de la falsificación del acta de presentación del Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Pilar Santos, la fiscal, ha sido la primera en exponer su informe en la última sesión y su argumentación ha sido un misil a la flotación de la defensa de la expresidenta. “Sabía que las consecuencias podían ser nefastas”. “Nada de lo que ha dicho ha podido quedar acreditado”. Decía Santos mientras Cifuentes observaba desde el banquillo.

La fiscal ha hecho un repaso de todas las facilidades que el fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde le puso a la expresidenta para cursar el máster que a la postre acabaría con su prolífica carrera política. “Conde le dio cuantas facilidades fueron necesarias; según ella hizo trabajos cortos de entre 5 y 10 folios y nunca hubo comunicación con los profesores…”, ha señalado Santos. En este sentido, ha acusado a la defensa de “crear confusión” pese a la existencia de irregularidades “demasiado notorias”. Entre todas ellas, que Cifuentes acudió a presentar su trabajo en un despacho cuando todavía no se habían calificado todas sus asignaturas. En su defensa, la expresidenta ya reconoció que esa presentación hubiera tenido lugar. “No lo leí”, dijo.

Por todo ello, y según el razonamiento del Ministerio Público, Cifuentes sabía el 21 de marzo de 2018, cuando eldiario.es destapó el escándalo, que las consecuencias de que se probase que no había realizado ese máster o que se lo habían dado con ventajas cuando era delegada del Gobierno “podían ser nefastas”. Es ahí cuando la señala como inductora de la falsificación del acta del TFM, que ha quedado probado que corrió a cargo de otra de las acusadas, la profesora Cecilia Rosado, que lo creó cuando Maria Teresa Feito, la tercera acusada que entonces era asesora del consejero de Educación de Cifuentes, la presionó para que apareciera.