El brote, según confirmaban a Europa Press Instituciones Penitenciarias, afectaba la semana pasada a un total de 107 internos de esta cárcel, 17 de ellos con resultado positivo en la prueba de detección del coronavirus Covid-19 y 90 en cuarentena; así como a 33 trabajadores, 17 positivos como tal y 16 en cuarentena por contacto estrecho con los infectados y a la espera de las pruebas PCR.

Según lo trascendido, el brote derivaría de dos casos iniciales, correspondiendo uno de ellos a un reo trasladado periódicamente a un centro hospitalario para recibir allí tratamiento de quimioterapia. Habría sido precisamente en el hospital donde le habría sido diagnosticado el virus al arrojar resultado positivo una prueba de PCR a la que fue sometido.

Este reo habría contagiado a seis internos más, dando así lugar a la propagación del virus, toda vez que el segundo caso inicial correspondería a un cocinero del centro penitenciario.

SITUACIÓN "LÍMITE"

Dado el caso, el mencionado diputado nacional de Cs ha señalado que este centro penitenciario sufre una situación "límite" a cuenta de dicho brote, ante lo cual ha registrado una pregunta al Ministerio del Interior con ruego de respuesta escrita, para saber "qué medidas va a adoptar el Gobierno para frenar estos contagios y proteger tanto a la población reclusa como a los funcionarios de prisiones".

En su pregunta, reclama conocer "cuáles son los protocolos de prevención que se están aplicando, si es que existen", toda vez que la dirección de la cárcel viene defendiendo que está aplicando todas las directrices estipuladas por la Consejería de Salud como autoridad sanitaria, así como los protocolos de prevención frente al coronavirus Covid-19 aprobados por el Ministerio de Sanidad, reforzados con las "normas de actuación" propias.

Además, Cs prevé "pedir responsabilidades al secretario general de Instituciones Penitenciarias", Ángel Luis Ortiz, porque a su juicio, "el abandono de los funcionarios de prisiones es evidente y en estas circunstancias en las que se pone en riesgo su propia vida es aún más grave". "Tras varias reuniones con sindicatos de funcionarios de prisiones y asociaciones, podemos afirmar que, a la acostumbrada falta de medios jurídicos, materiales y humanos, hay que sumar la total ausencia de protocolos claros de actuación ante la pandemia y de pruebas de diagnóstico PCR que pudieran establecer una estrategia para evitar los contagios dentro de las prisiones", asevera.

LOS PCR

"Todos los sindicatos de funcionarios de prisiones y asociaciones denuncian unánimemente que no se están realizando pruebas PCR a los trabajadores de las cárceles, a pesar de estar en contacto directo y diario con internos en cuarentena", ha lamentado Cambronero, añadiendo que "el hecho de que no se hayan suspendido las visitas o encuentros vis a vis es otro riesgo añadido sobre el que los máximos responsables de la seguridad en las prisiones tampoco quieren actuar". CSIF, en ese sentido, ha reclamado la suspensión de los mencionados vis a vis como medida preventiva.

Así las cosas, ha advertido que "los funcionarios de prisiones comienzan a plantearse pasar a la vía judicial ante la inacción" de los responsables gubernamentales, "El Gobierno de Sánchez e Iglesias no puede seguir mirando a otro lado", ha afirmado reclamando "medidas urgentes que frenen la pandemia en la prisión Sevilla I y en el resto de centros penitenciarios".