Fernández ha presidido telemáticamente la constitución de la Alianza Social y Política por la Defensa de la Industria en Asturias, el punto de encuentro impulsado por el Gobierno de Asturias para promover grandes consensos en defensa de la industria como sector estratégico para el presente y el futuro del Principado.

En la reunión, que ha contado con una amplia representación del tejido social político asturiano, han participado todos los grupos con representación en la Junta General (PSOE, PP, Podemos, IU, Foro, Ciudadanos y Vox), los sindicatos UGT y CCOO, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés y la Federación Asturiana de Concejos (FACC).

Enrique Fernández ha destacado la importancia de la alianza como espacio de diálogo y ámbito adecuado para el intercambio de propuestas en aras a potenciar un sector fundamental para el Principado que, en estos momentos, requiere de un debate sosegado y de amplios consensos para lograr una voz única frente a las autoridades españolas o comunitarias.

EXIGENCIAS

En relación a la reciente aprobación, por parte del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, del Real Decreto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, Fernández no ha ocultado su malestar. Ha dicho que existen "bastantes aspectos negativos", empezando por el "injustificable" retraso con el que la norma ha visto la luz. Considera que la norma produce "intolerables agravios", y ve "una falta de respeto hacia Asturias" que no se haya respondido por escrito a sus alegaciones

Ante el actual escenario, desde Asturias plantean una serie de exigencias respecto a la nueva regulación. Solicitan la no condicionalidad de las ayudas a la existencia de crédito presupuestario suficiente y el mantenimiento de los apoyos a las empresas altamente electrointensivas durante los próximos dos años

También piden la equiparación para la industria electrointensiva asturiana de las compensaciones y ayudas actualmente en vigor en países como Alemania, Francia o Italia, así como la elevación, hasta el máximo permitido, de las compensaciónes de costes indirectos de CO2.

Desde el Principado reclaman además la definición, con carácter inminente, de ese mecanismo de sustitución de las subastas de interrumpibilidad y la posibilidad de negociar en el futuro otros mecanismos de apoyo a la industria altamente electrointensiva en la que podrían participar las propias empresas.