Tras ser licitado este contrato el pasado verano, el mismo ha sido adjudicado a la citada UTE por 199.767 euros, según un reciente acuerdo de la junta local de gobierno recogido por Europa Press.

A cuenta del mencionado acto vandálico de septiembre de 2019, por el cual fue identificada una mujer de nacionalidad extranjera como presunta autora de un delito contra el patrimonio, trascendió que los hechos no fueron grabados porque las cámaras de seguridad del edificio Consistorial no estaban en funcionamiento al estar inoperativo el sistema de videovigilancia desde tiempo atrás, extremo que motivó críticas por parte del Grupo popular.

El contrato adjudicado ahora, según lo anunciado por el Gobierno local socialista al licitarlo el pasado verano, implica la "total renovación de las cámaras exteriores ubicadas en las fachadas y cubiertas del edificio consistorial, con la disposición de nuevos puntos de localización para visualizar y controlar todos los acontecimientos urbanos que sucedan en su entorno y se encuentren dentro del alcance visual desde el lugar de emplazamiento de las cámaras".

También contempla la renovación del centro de control ubicado en el acceso principal por Plaza Nueva, así como la adecuación de la centralización de control dispuesta en la entreplanta del edificio.

Respecto a la instalación interior mediante cámaras y detectores de presencia, también se renueva aumentando la disposición de los puntos actuales de ubicación de cámaras, de la que solo se aprovechará una instalación reciente que fue ejecutada para el espacio que delimita la zona histórica del edificio en la planta baja, de origen renacentista, comprendiendo la parte de la edificación situada formando la esquina del edificio con la avenida de la Constitución y la Plaza de San Francisco.