Tras la vista oral celebrada a comienzos de año y la sentencia, el alto tribunal ratifica íntegramente el fallo, a raíz de que en 2015 se conoció que 89 recetas facturadas por una farmacia de Madrid procedía de dos oficinas abulenses por importe de 6.250,15 euros.

A los condenados se les considera "criminalmente responsables de un delito continuado de falsedad en documento público en concurso medial con un delito continuado de estafa".

También han sido condenados a una indemnización de 4.652,83 euros a una de las farmacias, y de 1.597,32 euros a la otra.