Para ello, pedirán a la institución que firme un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Málaga que incluya el asesoramiento, información y mediación para evitar los desahucios por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, así como en materia de cláusulas suelo.

También reclamarán las diputadas provinciales de Adelante, Teresa Sánchez y Maribel González, que la Diputación impulse una mesa de negociación con la SAREB con el objetivo de disponer de un parque de viviendas para ofrecer en alquiler social en la provincia de Málaga.

En la moción, consultada por Europa Press y que presentará la confluencia de IU y Podemos a la próxima Comisión Especial de Cuentas y Desarrollo Económico Productivo, recuerdan cómo la crisis de 2008 "explotó la burbuja inmobiliaria que se había fomentado durante los años anteriores y perjudicó a miles de hogares en España".

Tras lamentar que los bancos "fueron los grandes beneficiarios de esas crisis, que acumularon miles de viviendas pero también fueron rescatados con 65.000 millones de euros de las arcas públicas", han indicado que muchas viviendas fueron a parar a la SAREB pero también a "grandes corporaciones internacionales y fondos buitre".

En 2012, la Diputación de Málaga puso en marcha la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que en colaboración con el Colegio de Abogados de Málaga, ha venido ateniendo a los malagueños que se han visto en una situación de vulnerabilidad extrema como es perder el hogar por no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca. En 2017 se ampliaron los servicios de esta oficina para ofrecer asesoramiento en materia de cláusulas suelo.

A día de hoy, esta Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación, "ha desaparecido" ya que el convenio con el Colegio de Abogados fue suspendido mediante decreto de Presidencia con fecha de 20 de diciembre de 2018, "finiquitando la oficina y los servicios que prestaba el 12 de enero de 2019".

Durante el tiempo que ha estado en funcionamiento, la Oficina ha atendió más de 1.500 expedientes, mediante atención telefónica, presencial y asistencia letrada. En un 40 por ciento se evitaron lanzamientos hipotecarios de unidades familiares que en un 85 por ciento tenían menores a su cargo, ofreciendo soluciones como alquiler social o reestructuración de la deuda.

Sin embargo, con la situación derivada de la COVID-19 la crisis sanitaria es también social y económica, que ha impactado "de manera dramática en la vida de miles de personas". No obstante, desde IU y Podemos han destacado que la respuesta del Gobierno central en esta situación ha sido "muy diferente" a la crisis de 2008, con la puesta en marcha "de un escudo social que ha venido a paliar el impacto de esta crisis".

En la moción recuerdan desde Adelante que durante el primer estado de alarma se prohibieron los desahucios "y en estos últimos días, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, el empuje social y el apoyo de distintos grupos parlamentarios ha logrado que el Gobierno vuelva a regular esta situación". Sin embargo, los datos, han añadido, "siguen evidenciando la necesidad de seguir avanzando para que se dé cumplimento al derecho constitucional a una vivienda digna".

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2013 y hasta el segundo semestre de 2020, 21.296 familias han sufrido procesos de desahucios y se han quedado sin sus viviendas habituales en la provincia de Málaga. De estos desahucios 8.994 (42,3%) han sido por impago de hipotecas y 11.303 (57,5%) por imposibilidad de pago de alquileres.

En este año, de enero a marzo se han producido en la provincia, 414 desahucios, lo que supone que antes de la pandemia ya se estaban produciendo cinco diarios en la provincia. Entre abril y junio se han producido 59 desahucios, "una cifra inferior debido, entre otras cuestiones, a las medidas derivadas del estado de alarma y a la suspensión de plazos administrativos y judiciales".

Según las diputadas Teresa Sánchez y Maribel González, recuperar la Oficina de Intermediación Hipotecaria "sería quedarnos cortos, muy cortos" y aunque en 2012 "tuvo su sentido en estos momentos urge abordar el problema de forma integral", de ahí la petición de que la Diputación cree una Oficina de Vivienda para tratar los problemas habitacionales en general que se producen en la provincia de Málaga.