Tras un encuentro con representantes del PP de los municipios integrados en el Consorcio de Aguas Plan Écija, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha lamentado esta situación que llevó a la Consejería de Salud y Familias a declarar no apta para el consumo humano el agua que se suministra en Arahal, Cañada Rosal, El Rubio, La Campana, Fuentes de Andalucía, Lantejuela, La Puebla de Cazalla, Marinaleda, Morón de la Frontera, Osuna, La Luisiana, Écija, Herrera, Paradas, Marchena y la ELA astigitana de Isla Redonda-Aceñuela, persistiendo la incidencia sólo en la última población.

El consejo de administración de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (ARE-CIAR) ha aprobado en ese sentido un expediente informativo destinado a aclarar las "responsabilidades" con relación a la incidencia, incluyendo según las fuentes consultadas por Europa Press el papel de la nueva empresa suministradora del carbón activo que se usa en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Écija, uno de los aspectos señalados con relación al origen del asunto.

Mientras en los municipios afectados fue orquestado el suministro de agua embotellada o mediante camiones cisterna, la presidenta del PP de Sevilla ha advertido de que "los vecinos han tenido que hacer frente a un desembolso diario para pagar el agua embotellada para su consumo".

LAS EMPRESAS

Además, ha señalado que las empresas y cooperativas de la zona "podrían verse afectadas por la posible existencia de trazas de benceno en sus productos como consecuencia del uso de agua contaminada antes de establecerse la alerta de agua no potable". "Hay numerosas panificadoras, cooperativas y otras empresas que han usado este agua contaminada para su producción, por lo que podría darse el caso de que, además, tuvieran que hacer frente a los daños y perjuicios generados por esta contaminación en sus productos", asevera Virginia Pérez.

Por eso, el PP ha decidido presentar iniciativas en los respectivos ayuntamientos para reclamar la bonificación del 100 por 100 de la factura del agua para vecinos y empresas, solicitando en el seno del Consorcio del Plan Écija que este organismo asuma "las posibles indemnizaciones derivadas por daños y perjuicios en la producción de las empresas y cooperativas afectadas".

En ese sentido, Virginia Pérez ha insistido en que "más allá de las posibles responsabilidades jurídicas que se puedan derivar contra la empresa suministradora del carbón activo, origen de la contaminación, esto afecta directamente a la presidenta del Consorcio y alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar (PSOE), que es la responsable política en la gestión y el control del agua por el consorcio". Y es que a su juicio, "no se han tomado decisiones a tiempo".