El Parlamento Europeo (PE) aprobará este miércoles definitivamente la imposición de sanciones administrativas y, en algunos casos, penales a los empresarios que den trabajo a inmigrantes en situación irregular.

Los principales grupos ya expresaron su apoyo al acuerdo pactado por el ponente de la directiva en la Eurocámara, el socialista italiano Claudio Fava, con los gobiernos de la Unión Europea, que tendrán un máximo de dos años para introducir las sanciones en su legislación.

La propuesta obligará a los Estados miembros de la UE a aplicar unas sanciones mínimas a escala comunitaria a las personas físicas o jurídicas que contraten a personas en situación irregular. Éstas incluyen desde multas en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años.

Además, el empresario tendrá que abonar una suma igual a la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador tuviese un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados.

La directiva contempla sanciones penales contra los empleadores en caso de reincidencia, si contratan a un gran número de personas en situación irregular, si las condiciones de trabajo están marcadas por la explotación, si la persona empleada es víctima del tráfico de seres humanos y su empleador lo sabe o si se trata de un menor.

Fava destacó la importancia de este punto, pues será "la primera vez" que la UE imponga penas de este tipo en el ámbito de la inmigración.

En el caso de las personas que utilizan a sin papeles como empleados del hogar, el texto contempla "sanciones financieras reducidas" siempre que no se trate de casos de explotación.

Actualmente, la legislación española prevé multas de entre 6.001 y 60.000 euros por cada trabajador extranjero en situación irregular.

Ecuador rechaza la Directiva

El Gobierno de Ecuador ya ha expresado su rechazo a la Directiva Empresarial ya que la consideran "más peligrosa que la denominada Directiva Retorno , pues busca cerrar completamente las puertas de empleo a los inmigrantes irregulares, a fin de que no tengan más salida que regresar a sus países de origen".

Según la cancillería ecuatoriana, "evidentemente, si algún empleador se arriesga a contratar inmigrantes en situación irregular y a enfrentar eventuales sanciones, lo hará precarizando, aun más, las condiciones de trabajo" de esas personas.

Además, el Gobierno de Quito sostiene que la Directiva Empresarial, "al privilegiar los conceptos de seguridad, control fronterizo, represión y migración selectiva, aleja a Europa de ideales tales como la solidaridad, la prístina defensa de los derechos humanos, uno de los cuales es la movilidad humana, y la búsqueda del desarrollo".