Era 15 de octubre y la segunda ola del coronavirus ya golpeaba con fuerza en España, pero Fernando Simón era un poco más optimista que el resto. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad aseguró ese día que el país se encontraba "en fase de estabilización", aunque le preocupaba la situación del coronavirus en Madrid, Navarra y Castilla y León. Aún así, consideraba que estaba cerca de "doblegar" otra curva, como ya sucedió en abril y mayo.

Pero nada más lejos de la realidad. La dinámica del virus ha sido la contraria: peores datos, más incidencia y medidas no del todo efectivas, hasta que ha llegado el momento de un nuevo estado de alarma, en solo diez días desde las palabras de Simón. Pedro Sánchez, de hecho, avisó el viernes, en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa, de la gravedad de la situación, y de la necesidad de adoptar medidas estrictas ya, con el fin de evitar tener que llegar a un confinamiento domiciliario como el de marzo.

Este nuevo estado de alarma llega un día después de que decayera este sábado el que declaró el Gobierno de manera "territorializada" en la Comunidad de Madrid hace dos semanas, para poner en marcha las medidas ordenadas por le Ministerio de Sanidad que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se negó a aplicar.

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También llega después de que el Gobierno y las comunidades aprobaran este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) un plan de respuesta coordinada que incluye cuatro niveles de riesgo, con sus correspondientes medidas. En el nivel de alerta máxima se contemplaba ya expresamente la posibilidad de recurrir al estado de alarma para dar cobertura a medidas "excepcionales", tal y como ha recordado Sánchez en su comparecencia.

Tras superarse la primera ola del coronavirus, y decaer el estado de alarma iniciado en marzo por la progresiva pérdida de apoyos, Sánchez adoptó en verano una estrategia de "cogobernanza" con las comunidades, para que fueran ellas las que, en coordinación con Sanidad, se encargaran de gestionar la pandemia.

En esta línea, a finales de agosto puso a su disposición la posibilidad de solicitar la aprobación de un estado de alarma "territorializado" que sirviera como cobertura jurídica para aplicar medidas de movilidad más estrictas, si así lo consideraban necesario. En ese momento, Sánchez, ofreció a los presidentes autonómicos la posibilidad de acudir al Congreso a defender ellos mismos su petición.