De las 397 personas que habitan en 77 asentamientos irregulares en la ciudad de Barcelona, según los últimos datos del Ayuntamiento, más de la mitad viven en el distrito de Sant Martí, ya sea en naves abandonadas o en solares de los barrios del 22@ y de Provençals del Poblenou, debido a la presencia de numerosos terrenos sin edificar en esta parte de la ciudad respecto al resto de barrios.
Hay un total de 39 asentamientos en el distrito, en los que viven 225 personas, 37 de ellas menores en edad escolar. Estos datos los hizo públicos la consellera portavoz del gobierno del distrito, Eva Campos (BComú) en el último consejo plenario. En datos municipales actualizados, en Sant Martí hay ahora mismo 36, 15 menos que en 2018, cuando llegaron a ser 50.
Los asentamientos han experimentado un leve descenso de 2018 a hoy. Hace dos años eran casi 500 las personas localizadas en barracas (481 en 79 asentamientos).
En 2019, bajaron a algo más de 400 (425 en 77 asentamientos) y ahora se sitúan en 397 también en 77 asentamientos. La situación precaria e insalubre que viven estas familias, sobre todo las que cuentan con menores de edad, preocupa en el distrito. Y teniendo en cuenta el contexto de pandemia de coronavirus actual, todavía más.
El grupo de JxCat pidió en sede del distrito al consistorio que se reubique en equipamientos municipales, o bien en hoteles o apartamentos turísticos vacíos, a las familias con niños escolarizados, para que puedan habitar en mejores condiciones de higiene, debido a la pandemia, y para que los pequeños cuenten con la infraestructura tecnológica necesaria para el seguimiento del curso escolar. La respuesta municipal fue negativa, indica el miembro de JxCat en el distrito, Fernando Gómez, con el argumento de que estos aspectos referentes a la infancia "son competencia de la Generalitat", es decir, de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).
"Creemos que pueden actuar desde la Casa Gran mediante el Consorci Educació de Barcelona o cediendo espacios municipales" como se está haciendo con los colegios y con la campaña de vacunación de la gripe, ha afirmado Gómez. Consideran que esta es una responsabilidad del Ayuntamiento puesto que "se trata de servicios sociales fundamentales". Comenta Gómez que "la política de austeridad" de la Generalitat (JxCat forma parte del Govern en funciones) les impide "poder llegar a ciertas cuestiones".
También destacan que, tras ponerse en contacto con los residentes en estas barracas, e intentar mediar en la búsqueda de una solución, los padres les han trasladado que "al dedicarse a la chatarra, donde viven es también su espacio de trabajo, por lo que tienen miedo de abandonar los asentamientos" y de perder con ello su medio de subsistencia.
En datos oficiales, los asentamientos han experimentado un leve descenso.Hace dos años eran casi 500 las personas en barracas. En 2019, bajaron a algo más de 400 y este 2020 se sitúan en 397
Desalojos y absentismo escolar
La ONG Amics del Moviment Quart Món lleva 25 años haciendo de mediadora con estas personas, en su mayoría adultas solas y también familias con menores, que viven en estructuras temporales, barracas y camiones ubicados en solares vacíos, fábricas en desuso y locales abandonados.
Ahora mismo están asistiendo a los residentes en los asentamientos de La Pau y La Verneda, donde ocupan naves y solares en caravanas y camiones en la parte final de la rambla Prim con la calle Santander y en Via Trajana. Desde su creación han asistido a 79 familias de Barcelona y también de Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs y Badalona.
Se da la circunstancia de que, desde el pasado mes de septiembre, "se han acelerado los desalojos que se habían parado por el coronavirus" en las propiedades de esta zona en manos de grandes tenedores, explica a este diario Judit Escot, una de los tres técnicos de la entidad. "Les estamos asistiendo junto a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) para que parte de estas familias consigan un alquiler social". Actualmente gestionan la petición de cuatro familias del asentamiento de La Pau y de otro en Ciutat Meridiana y están en contacto con los propietarios.
La ONG Quart Món gestiona actualmente la petición de alquiler social de cuatro
familias de un asentamiento en el barrio de La Pau y de otro en Ciutat Meridiana
Según comenta, los espacios ocupados en manos de grandes tenedores (sociedades con más de 15 propiedades) "están obligados a ofrecer una alternativa habitacional asequible". Los procesos son largos y farragosos "pero llegan". dice. Les consta que todos los menores que habitan en este área están escolarizados aunque también saben que "a raíz de la pandemia, tienen miedo de llevarlos a la escuela, por lo que hay problemas de absentismo escolar".
Estas familias, con origen mayoritariamente en Galicia y Portugal, se dedicaban a la recogida y venta de cartón pero, a raíz de la obligación de tener que pagar para vender este material, se han pasado a la fabricación de palets.
Escot destaca el trabajo coordinado con los asistentes municipales para "empujar a las familias" a optar a un piso social. "Muchos temen este cambio de vida", asegura.
57 personas consiguieron un techo social en 2019
La Oficina del Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) consiguió el año pasado que 57 personas residentes en estos asentamientos entraran en alojamientos sociales y que 189 miembros de estos colectivos siguieran 23 cursos de formación y participación. Por su parte, el servicio de asesoramiento jurídico de la oficina regularizó la situación de seis personas, al cumplir estas los requisitos necesarios, y renovó los permisos de residencia de otra decena de personas.
La Oficina del Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) atendió solo en 2019 a un total de 287 personas de asentamientos de la ciudad que aceptaron la intervención social municipal
Otras atenciones sociales gestionadas desde la OPAI son la obtención del padrón de residencia sin contar con un domicilio fijo, lo que es usual en este colectivo, una opción que asegura la ciudad de Barcelona pero no muchos otros municipios. También el acceso a la tarjeta sanitaria, la obtención o renovación de documentación como el pasaporte (las personas de etnia rom proceden de Eurpa del Este y son ciudadanos comunitarios) y la cobertura de necesidades básicas.
La OPAI atendió solo en 2019 a un total de 287 personas de asentamientos de la ciudad "que aceptaron la intervención social", la mitad de ellas recién llegadas al ser población muy itinerante. El perfil predominante es el de hombres de 30 a 45 años de Europa del Este.
Armando: "Yo no estaba acostumbrado a las alturas de un piso"
"Hace un año y dos meses que vivimos mi mujer, mis cuatro hijos y yo en un piso de alquiler social. Los primeros días nos costó un poco porque, tras toda la vida viviendo en un descampado, no es lo mismo estar en un piso. Y que esté todo en una quinta planta...Yo no estaba acostumbrado a las alturas y mi mujer tampoco. Nos hemos ido acostumbrando y al final estamos bien. El problema es dónde poníamos el cartón y la chatarra y los palés, y ahora cuando coges algo lo has de vender directamente. En la nave lo podíamos acumular. En cambio es mejor estar en un piso, es más limpio".
Valeria: "Cuando reuníamos 15 o 20 euros los enviábamos a Rumanía"
"Tengo tres hijas y un sobrino de mi marido al que cuido. Estamos en un solar y nos buscamos la vida como podemos y pidiendo. Antes, cuando reuníamos 15 o 20 euros los enviamos a mis hijos, que están en Rumanía al cargo de mi suegra. Ahora han podido venir aquí y estamos mejor. Van al colegio y nos va bien, tenemos dinero para la lavandería y para los alimentos y para seguir buscando algo de chatarra para vender. Estamos a la espera de un piso social. En el asentamiento ahora tenemos desalojos y no sabemos si vendrán a echarnos hoy o mañana".
María: "Al principio temimos que nos pudieran quitar a los niños"
"Tenemos tres hijos. Vivimos en Barcelona desde 2013 y estamos atendidos por los servicios sociales desde 2015. Empezamos a vivir en un parking. Luego entramos en un local que antes había sido un banco, sin luz ni agua. No se podía vivir allí con los niños. Tras contactar con los servicios sociales todo cambió mucho porque los niños podían ir al colegio y al médico. Al principio temimos que nos pudieran quitar a los niños. Ahora tenemos una vida en condiciones para los niños y casi nunca nos falta nada. Vivimos en un piso social y trabajamos en la chatarra".
"Estamos a la espera de un piso social. En el asentamiento ahora tenemos desalojos y no sabemos si vendrán a echarnos hoy o mañana" (Valeria, que vive junto a sus tres hijas y un sobrino en un solar)
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