Virginia Pérez reclama "explicaciones" por aprobar la Subdelegación vigilantes privados en Marchena

Después de que el Ayuntamiento de Marchena, gobernado por María del Mar Romero (PSOE), haya incorporado agentes de seguridad privada contratados para que apoyen a los efectivos de la Policía Local ante la baja por incapacidad temporal de 23 de los 31 agentes en activo, en el marco del conflicto laboral entre tales agentes y el Gobierno local, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha reclamado "explicaciones" al haber autorizado la Subdelegación del Gobierno dicha incorporación.

Virginia Pérez ha lamentado, en un comunicado, la "irresponsabilidad de la alcaldesa de Marchena, que en lugar de ponerse a trabajar por solucionar un problema absolutamente enquistado desde hace meses con la Policía Local, se dedica a cruzar la línea de la legalidad y en un asunto tan delicado como es la seguridad ciudadana".

"Y es que la alcaldesa de Marchena ha informado de manera oficial que el municipio podrá contar con agentes de seguridad privada que, según la alcaldesa, trabajarán en coordinación y colaboración con los agentes cumpliendo todas las funciones necesarias y complementarias de la Policía Local".

"Sin embargo, esta medida podría vulnerar la ley, puesto que según la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de Andalucía, los vigilantes privados pueden ser contratados por los ayuntamientos, pero en ningún caso pueden hacer servicio con la Policía ni funciones de policía. Las funciones de este personal podrían contemplar la custodia de edificios, pero no podrían ser considerados agentes de la autoridad", precisa.

La presidenta popular ha recordado que "desde hace meses, este municipio de más de 20.000 habitantes, cuenta con 23 agentes de la Policía Local de baja de los 31 que hay en activo, una situación absolutamente insostenible y que tiene su origen en la soberbia y prepotencia de la alcaldesa", en alusión al conflicto entre tales agentes y el Gobierno local. En dicha liza, el Gabinete local acusa a los agentes de incumplir los cuadrantes y de permisos injustificados, mientras ellos lo niegan, avisan de una merma de personal y han presentado su baja por depresión en la mayoría de los casos.

"Pero si ya nos ha sorprendido la decisión de la alcaldesa, lo que nos preocupa de manera alarmante es que, según el Gobierno local, y con el objetivo de contratar a agentes de vigilancia privada para la seguridad en el municipio, se han realizado los trámites de contratación al amparo de las autorizaciones de la Subdelegación del Gobierno", recuerda la dirigente popular.

Virginia Pérez ha manifestado que "ante este hecho gravísimo", el PP va a presentar una iniciativa en el Congreso de los Diputados para "exigir explicaciones al Gobierno de Sánchez por la autorización efectuada por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla al Ayuntamiento de Marchena".

"El gobierno tiene que explicar por qué, en lugar de poner a disposición del municipio los suficientes efectivos para garantizar la seguridad o instar a la alcaldesa a cambiar su actitud, desde la Subdelegación han decido apoyar al gobierno socialista de Marchena en su ataque a la Policía Local", asevera, mientras fuentes de la Subdelegación han precisado a Europa Press que la petición del Ayuntamiento ha cosechado informes "favorables" por parte del Ministerio de Interior y ha sido tramitada con los correspondientes expedientes.

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