Rafael García Ortiz ha manifestado al respecto su "profundo rechazo a la decisión de la regidora socialista, al solicitar a la Subdelegación del Gobierno la contratación de seguridad privada para que ejerza de policía asumiendo funciones estrictamente reservadas a los agentes de la autoridad". "La legislación sobre seguridad privada sólo admite colaboraciones puntuales y muy acotadas de servicios híbridos, pero en ningún caso la sustitución de funcionarios públicos cuya principal competencia es la salvaguardia de los intereses generales y el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana encomendados por la Constitución Española", avisa.
En paralelo, ha alertado de que con esta situación, en la que el Gobierno local habría denegado horas extraordinarias a los agentes reclamándoles cumplir los cuadrantes y éstos señalarían un aumento de la carga de trabajo, "los vecinos de Marchena están completamente desprotegidos, al encontrarse el 80 por ciento de la plantilla de la Policía Local de baja por depresión", es decir 26 de un total de 32.
Así, ha lamentado esta "falta de entendimiento absoluto entre la alcaldesa y los efectivos policiales, quienes se han visto abocados a solicitar una baja por depresión tras los continuos ataques, amenazas, acusaciones y descalificaciones públicas que la regidora ha vertido contra los agentes".
NO HAY "NEGOCIACIÓN"
El diputado de Vox ha lamentado así que la alcaldesa no acceda a "negociar" con los afectados y que se haya reunido con otras formaciones políticas, pero no lo haga con Vox, que carece de representación en el Ayuntamiento de Marchena.
Así, acusa a la alcaldesa de "autoritarismo y falta de interés a la hora de solucionar un problema tan grave". "Es el momento de dejar a un lado colores políticos y remar todos en la misma dirección para solucionar un problema extremadamente grave que arrastra la localidad desde hace un año. Por este motivo hemos cursado indicaciones a la asesoría provincial para que interponga una queja ante el defensor del pueblo", ha aseverado.
La alcaldesa, según dice, debe "responder ante los ciudadanos de las decisiones que toma y de los errores que comete", lamentando "el despotismo con el que un cargo que le han otorgado los mismos ciudadanos a los que ahora da la espalda, jugando con su seguridad"."Estaremos vigilantes para que se cumpla la legislación vigente y no pararemos hasta asegurarnos que los ciudadanos cuenten con la protección policial que garantice la seguridad en Marchena, finaliza,
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