La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no está de acuerdo con el cierre de Madrid y otros nueve municipios (Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Parla, Alcobendas, Alcalá de Henares, Leganés. Móstoles y Torrejón de Ardoz). Según dijo ayer, la estrategia que está siguiendo su Gobierno (en la actualidad están confinadas 45 zonas básicas de salud) funciona porque ha logrado, a su juicio, "conjugar la salud y la vida, que es lo primero, con la economía".

No obstante, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no tiene la misma opinión. De ahí que cerrara un "preacuerdo" con el vicepresidente Ignacio Aguado (Cs) en el grupo de trabajo en el que están presentes ambas administraciones el pasado martes.

El mismo consistía en aplicar medidas similares a todas las ciudades de España que cumplieran ciertas características sanitarias (una incidencia acumulada superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa de posibilidad mayor del el 10% y una ocupación de las camas UCI superior al 35%) que en la actualidad, eso sí, solo cumplen diez municipios madrileños. El preacuerdo fue elevado el miércoles al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde se aprobó con mayoría pero sin unanimidad, paso previo para la publicación de la orden en forma de Declaración de Actuación Coordinada (DAC).

Esa falta de consenso es la que esgrime la autonomía para "dudar de la validez" de la orden, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que deberá plasmarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en menos de 48 horas para que entre en vigor.

Desde la Puerta del Sol no dieron ayer muchos detalles sobre el contenido del recurso, pero sí citaron el artículo que podría darle la razón a la Comunidad. Se trata del 14.1 del reglamento del propio consejo, que versa que "los acuerdos del mismo se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso". Esto también lo repite el artículo 73 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003.

¿Entrará en vigor la orden cuando Madrid recurra?

Depende. Tras estudiar sus posibilidades a lo largo del día de ayer, la Comunidad decidió finalmente que el anunciado recurso, que presentará hoy, lo presentará junto a la petición de medidas cautelares. Esto significa que será el juez de la Audiencia Nacional el que deberá decidir, sin entrar en el fondo del asunto, si paraliza o no la entrada en vigor del confinamiento perimetral de Madrid mientras escucha a ambas partes. La resolución final tardará en llegar varias semanas.

¿Se puede limitar el movimiento sin estado de alarma?

El abogado Alberto Dorrego, presidente de la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid, asegura que esta es "la gran pregunta" y el otro punto en el que la Comunidad debe basar su recurso. "Son normas muy concretas que, además, invaden mucho las competencias de la Comunidad", incide. En este sentido, recuerda que el Gobierno podría limitar la movilidad de Madrid "en una tarde" con un estado de alarma limitado a la autonomía que no debería contar con el visto bueno del Congreso de los Diputados hasta pasados 15 días.

Antonio Alonso, profesor de Derecho Administrativo de Comillas ICADE, señala que "lo que se ha hecho es una barbaridad jurídica" porque "lo que se ha publicado no es una orden ministerial, es un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que no es suficiente para aplicar medidas tan drásticas en Madrid".

También José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y abogado del Estado, criticó ayer la orden ministerial. En una rueda de prensa, recordó que Sánchez dijo en el Senado que "no se puede cerrar una ciudad sin estado de alarma". "El mismo que dijo eso ahora cierra Madrid y otras nueve ciudades", criticó ante los periodistas.

¿Está de acuerdo Cs con el recurso?

El vicepresidente Ignacio Aguado, que cerró el preacuerdo con Illa, no parece querer llevar al Gobierno ante los tribunales. Ayer señaló en Twitter que ambos ejecutivos deben "pelearse menos en ruedas de prensa o tribunales" y pidió aumentar la colaboración. "Toca colaborar más", escribió en su cuenta.

¿Ante quién debe presentarlo la Comunidad?

A finales de mayo, la Comunidad recurrió ante los tribunales la decisión del Gobierno de no pasar a Madrid a fase 1. Entonces pidió amparo al Supremo.

Ahora será la Audiencia Nacional quien deba juzgar el contencioso porque esta vez la autonomía recurre una decisión ministerial y no una orden del Consejo de Ministros de Sánchez.

¿Cómo justifica el Gobierno su decisión?

Con la ley del Sector Público, que avala la tesis de Illa. Según su artículo 151.2, "cuando el Estado ejerza funciones de coordinación, el acuerdo que se adopte en la conferencia sectorial será de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, con independencia del sentido de su voto". En la reunión, Madrid se posicionó en contra junto con Andalucía, Galicia o Cataluña. Murcia se abstuvo.

¿Cuánto durarán las medidas?

En principio, las restricciones se aplicarán una semana. Sin embargo, el Ministerio se irá reuniendo con las autonomías afectadas, en este caso con Madrid, para ver hasta cuándo se prolongan.

¿Qué pasa con las personas ya confinadas?

Madrid mantiene hasta ahora 45 zonas básicas de salud con restricciones, muchas de ellas en el sur de la autonomía. Además, las restricciones a las que están sometidos esos barrios son mayores que las impuestas por Sanidad, por lo que será decisión de Isabel Díaz Ayuso si iguala esas medidas al resto de la Comunidad, las aumenta o si las elimina en esas zonas.