Jorge Molina lleva trabajando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (UMA) desde 1982 y en todos estos años ha estado encadenando contratos temporales. En total fueron 30 contratos anuales y uno de cinco años que expiró en 2017 y después la universidad decidió no renovarle. Hoy, Jorge ha conseguido su primer contrato indefinido a los 64 años después de 35 años de contratos temporales gracias a una sentencia del Tribunal Supremo.

Esta sentencia no solo le afecta a Molina, también a sus otros dos compañeros de la misma facultad. Estos docentes del Departamento de Ginecología y Obstetricia llevan décadas ejerciendo en la UMA sin llegar a tener un contrato indefinido y pasaron por casi todos los puestos: encadenaron contratos de profesor ayudante, profesor colaborador, profesor asociado y ayudante doctor.

Los magistrados del Alto Tribunal consideran que esta "contratación temporal es fraudulenta" y obliga a la Universidad a hacerlos indefinidos y al reconocimiento de todos estos años de docencia. Se trata de una sentencia pionera, y podrá abrir el camino a muchos otros casos de precariedad entre los docentes universitarios. "Yo se lo he dejado en bandeja", explica a 20minutos Molina y anima a denunciar este tipo de situaciones.

La precarización laboral provocada por el crecimiento del profesorado asociado afecta a "más del 30% de los docentes universitarios en España". "Hay miles de profesores afectadas", señala Jorge.

 Añade que él "está muy feliz" de estar dentro de verdad después de tantos años y preguntado sobre si se había quejado de su situación antes, lo niega y asegura que la Universidad siempre le prometía el indefinido. Ha estado todos estos años que mejorasen las cosas y cuando en 2017 prescindieron de él, lo cogió por sorpresa. "Dos años antes tuve una reunión con el rector, en época pre electoral, y me dijo que había una solución. Por eso no me esperaba esto", recalca.

A sus 61 años y cuando no le quisieron renovar más el contrato, fue cuando habló con la vicerrectora, Yolanda García Calvente, para buscar una solución y ella le contestó que "no había ninguna" y que la única posibilidad es recurrir ante los tribunales. Y eso hizo Jorge. Después de siete meses en paro- con una cotización baja ya que eran contratos temporales y de ayudante de doctor- la Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó a que la universidad le indemnice con unos 120.000 euros o a readmitirlos.

Pero ahora se pone fin a esta travesía judicial. Ahora, el Tribunal Supremo vuelve a la resolución inicial en tres sentencias (una por cada afectado) dictadas con apenas una semana de diferencia y con ellas dicta doctrina obligando a hacerlos indefinidos y reconocer sus años de docencia. "Se hizo justicia", concluye Molina.