La apertura del año judicial puede considerarse una de las más atípicas que se recuerda, marcada por la pandemia del coronavirus, que ha obligado a reducir el aforo del Salón de Plenos del Tribunal Supremo a un 30%, de manera que solo han estado presentes las autoridades judiciales y civiles invitadas para poder mantener así las distancias.

El Rey Felipe, que ha llegado a la sede del Tribunal Supremo entre gritos de "viva el Rey" y abucheos al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido el encargado de inaugurar este acto sin retirarse la mascarilla. Tras unas breves palabras ha dado paso a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que le ha hecho entrega de la memoria de la Fiscalía del ejercicio 2019. En su discurso, ha recordado a las víctimas del coronavirus, así como a los que han conseguido recuperarse de la enfermedad, y ha recordado el trabajo del ministerio público durante la pandemia. 

Inmediatamente después ha intervenido el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que también ha tenido palabras para recordar a las víctimas del coronavirus, y ha asegurado que la pandemia ha puesto de manifiesto “la necesidad de una mayor claridad normativa” respecto de la adopción por las Administraciones de medidas restrictivas de la libertad personal en relación al estado de alarma.

La pandemia, ha añadido el presidente del Poder Judicial, ha supuesto un “desafío inmenso” para los órganos judiciales -que han tenido que atender los nuevos asuntos derivados de la emergencia sanitaria manteniendo a la vez la tramitación y resolución de los procedimientos que la ley establece como urgentes- y “ha mostrado con crudeza las debilidades de nuestro sistema judicial y procesal”, pero también es “una oportunidad para avanzar”.

El presidente del TS y del CGPJ, que ha intervenido por séptimo año consecutivo como máximo representante de ese órgano por la parálisis política que impide su renovación institucional, ha puesto de manifiesto precisamente la necesidad de renovar este órgano, que lleva dos años paralizado, haciendo un llamamiento a las autoridades responsables. Considera que esta renovación tiene que darse "sin mayor dilación" ya que "este retraso representa una seria anomalía. Es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones".

En cuanto al ejercicio 2019, el presidente del TS y del CGPJ ha destacado un incremento de la tasa de litiosidad por tercer año consecutivo, que creció en un 4,1%, y que pese al sobreesfuerzo de los integrantes de la Carrera Judicial -la media de sentencias dictadas por jueces y magistrados se incrementó en un 4,5%- “no estamos en la situación de partida ideal para afrontar con plenas garantías el impacto, previsiblemente grave, de la dura situación vivida, que ha tenido paralizada durante meses la actividad judicial ordinaria”.