Un año después, la Justicia ha dado la razón a Almeida frente a Carmena en el grueso de la pasada campaña electoral. El TSJ de Madrid, en una resolución unánime ha tumbado Madrid Central. Una decisión que contradice por completo las anteriores resoluciones judiciales y que, pese a la victoria política, puede costar muy cara al actual equipo regidor. El Ayuntamiento, que ha ejecutado ya miles de multas a los infractores de este espacio urbano de protección medioambiental, podría verse obligado a devolverlas. A la espera de que las partes presenten recursos, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento de Madrid flexibilizó el acceso a Madrid Central "para mejorar el tejido productivo y social" de la ciudad

Ha sido este lunes cuando la máxima autoridad judicial del territorio ha anulado Madrid Central tras estimar "parcialmente" los recursos que presentaron la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid – entonces en la oposición–y la mercantil DVuelta Asistencia Legal, en el año 2018 contra la ordenanza de Madrid Central. El TSJ lo ha hecho, no obstante, sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.

Los magistrados anulan, por "defectos formales" y a petición de la Comunidad de Madrid, la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria el 5 de octubre 2018, por la "omisión del trámite de información pública". Dado que se trata de un requisito que "esencial, preceptivo e indispensable" al tratarse de una de las principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos. Así, quedan anulados los artículos de 21 a 25 de la citada ordenanza, ha manifestado el TSJ a través de un comunicado.

La Sala también estima parcialmente el recurso presentado por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y DVuelta y considera que la ordenanza "carece de una justificada memoria económica", imprescindible para valorar con pleno conocimiento y con antelación, la repercusión que los costes de su aprobación pueden representar en relación con los principios de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, sostenibilidad financiera y regla de gasto. "Si el suministro de las expresada información se efectúa con posterioridad a la toma de la decisión, como ha ocurrido en el supuesto presente, es obvio que no llegará a cumplir la finalidad legalmente prevista", asegura la sentencia.

Los afectados tienen veinte días hábiles para presentar sus recursos y, en el caso de que estas tres sentencias alcancen firmeza todas "las multas impuestas decaerán al carecer de sustento normativo". Pero esto podría tener aún largo recorrido. Por el momento Ecologistas en Acción elevará la causa al Supremo. "Lo vamos a recurrir porque somos parte interesada desde el principio. Madrid Central estaba ayudando a bajar los niveles de dióxido de nitrógeno", señala su portavoz Paco Segura a 20minutos. Lo contrario a Dvuelta, que celebra la victoria. "Hemos tumbado disposiciones normativas a varios alcaldes, entre ellos, Álvarez del Manzano y Gallardón, cuya controvertida ley de tasas logramos suspender", dice el portavoz Pedro Javaloyes.

Ni el partido popular en Madrid ni el gobierno regional han manifestado aún su postura. Fuentes municipales indican a este diario que se encuentran "estudiando" la sentencia y "sus consecuencias". El Ayuntamiento "respeta las decisiones judiciales y está comprometido en dar seguridad jurídica a los madrileños. El equipo de Gobierno está trabajando firmemente en la mejora de la calidad del aire por medio de la aplicación de su estrategia de sostenibilidad ambiental, Madrid 360", señalan.

Desde Sol admiten que su valoración es más bien plana: "Respetamos la decisión judicial y, aunque sea recomendable establecer una zona de bajas emisiones, debe hacerse en base a criterios técnicos y económicos".

Los vaivenes judiciales de MC

Octubre 2018. El Pleno del Ayuntamiento regido entonces por Carmena, aprobó en sesión extraordinaria la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible que incluía la medida de Madrid Central. A las pocas semanas, Comunidad, Partido Popular de Cibeles y Dvuelta recurrieron la decisión.

Mayo 2019. En precampaña electoral, Martínez-Almeida acusó a Carmena de reducir las sanciones de Madrid Central con vistas a las elecciones del 26 de mayo. Como si de una moratoria encubierta se tartase, el actual regidor denunció «la mentira y el engaño», dado que las multas habrían subido de 13.000 a 80.000 después de las elecciones.

Julio 2019. Almeida, ya de alcalde, estableció una moratoria de multas, la cual fue recurrida por Ecologistasy oposición. El juez dio la razón a los recursos y falló en contra de Almeida. Este volvió solicitar la moratoria y, en septiembre, le fue rechazada.

Julio 2020. El TSJ de Madrid da la razón a los recursos que presentaron en 2018 la Comunidad de Madrid, el PP y la empresa legal Dvuelta. Falla en contra de Madrid Central. La última palabra la tiene el Supremo, al que elevarán la sentencia, al menos, Ecologistas en Acción por personarse en la causa.