La proposición no de ley del PSOE publicada este sábado en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados por la que plantea "la eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva" contradice la posición del Banco Central Europeo (BCE), ya que infringiría el Tratado de la Unión Europea, que establece que los billetes y monedas de euro son de curso legal, informa El País.

La Comisión Europea ya explicó en 2010 que "la norma debe ser la aceptación de billetes y monedas en euros como medio de pago en transacciones minoristas", y que no abonar una cantidad a través de esta forma de pago, "solo debería ser posible si se basa en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista no tenga cambios disponibles".

El BCE se pronunció en 2019 también de forma contraria a otra reforma similar en la que el Gobierno vuelve a trabajar tras no conseguir impulsarla ese mismo año, con la que rebajaría el límite de pagos en efectivo entre particulares de 2.500 a 1.000 euros. El organismo considera que esta disminución es "desproporcionada, a la luz del impacto potencialmente adverso que originaría en el sistema de pagos en efectivo" ya que podría dificultar la "liquidación de transacciones legítimas" y hacer peligrar "el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado".

La limitación del uso de dinero en metálico o incluso su desaparición también podría dañar a grupos sociales como los ancianos, los inmigrantes o los residentes en zonas rurales.

En una misiva rubricada por el expresidente del BCE Mario Draghi en 2019, pero que aún continúa vigente, se alerta de que también podría suponer un problema eliminar el dinero en efectivo si se dieran fallos en los sistemas técnicos, por ejemplo, de electricidad o de conexión a internet. 

El organismo defiende asimismo que el dinero en metálico es "es apreciado como un instrumento de pago porque es aceptado por todos, rápido y facilita el control sobre el gasto del pagador. Además, es el único medio de pago que permite a los ciudadanos transacciones líquidas e instantáneas sin tener que pagar tarifas por el uso de este medio de pago", haciendo referencia así a que los bancos podrían imponer comisiones que los ciudadanos no puedan evitar al ser obligatorio el pago con tarjeta.

El BCE también opinó sobre la posibilidad que el Gobierno barajó en 2019 de modificar el límite de pagos en efectivo de las personas físicas no residentes fiscales en España a 10.000 euros, argumentando que no estaba justificada y que la sanción que figuraba en el anteproyecto de ley (el 25% de lo pagado) parecía "desproporcionadamente alta".