La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados ha avalado este jueves los nombramientos propuestos por el Gobierno para la renovación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que han superado los vetos presentados por el PP y VOX.

Tras lograr este aval, las propuestas de nombramiento de Cani Fernández como presidenta, Ángel Torres como vicepresidente y Carlos Aguilar Paredes, Josep María Salas Prat y Pilar Sánchez Núñez como consejeros queda pendiente solo de su aprobación por parte del Consejo de Ministros.

Los nombres propuestos están vinculados al PSOE, ERC y Unidas Podemos, cuyo candidato, Carlos Aguilar, ha hecho una curiosa presentación durante el exámen dado que ha reconocido que no es "ningún experto en tema de Competencia". Durante su intervención, ha afirmado que su propuesta responde "a tener una comisión más plural". 

Según su reflexión, "históricamente la comisión se ha compuesto por perfiles dedicados plenamente al fomento de la competencia y de la economía, y ha orillado otros sectores" y es por eso que su apuesta es por dar una pluralidad "en el sentido de los ámbitos de las personas que forman parte de ella".

Críticas de PP, VOX y Ciudadanos

Aunque la competencia profesional de los candidatos no ha sido puesta en duda, los nombramientos han encontrado críticas de PP, VOX y Ciudadanos y los dos primeros han presentado vetos que finalmente han sido rechazados.

Desde el PP, Mario Garcés ha considerado estos nombramientos como parte de la "deriva antidemocrática" del Gobierno que "rompe" los equilibrios tradicionales y en la que VOX ve la "degradación" de algunas instituciones como ha apuntado su diputado Víctor González, mientras que María Muñoz (Ciudadanos) ha afeado la elección "discrecional" de los candidatos por parte del Ejecutivo.

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PP y VOX han rechazado la candidatura de Fernández por los potenciales conflictos de interés que plantearía su larga trayectoria como abogada de competencia, que le ha llevado a enfrentarse a la propia CNMC, y como asesora del Gobierno.

Fernández ha defendido que su labor como asesora se ha basado en la "independencia de criterio" y que el haberse puesto al servicio de instituciones públicas -además del Gobierno, comunidades autónomas o la Comisión Europea- no supone "un demérito".

Con respecto a los posibles conflictos de interés ha subrayado que la ley prevé todos los supuestos para garantizar que no sea así y que se inhibirá cuando sea necesario, que cree que no será un muchos casos, al tiempo que ha avanzado que cuando resulte nombrada renunciará a su excedencia en Cuatrecasas.