Esta Comisión asesoraría al Gobierno de Aragón y formarían parte de la misma los miembros que designen la Consejería de Sanidad, así como los grupos parlamentarios, por ejemplo las principales asociaciones científicas de Atención Primaria y de Atención Especializada relacionadas con la enfermedad, los sindicatos y los colegios profesionales sanitarios.

Las deliberaciones, así como las conclusiones de la Comisión, serían públicas y su duración, inicialmente de un año, pero se podría prorrogar, a decisión del propio Gobierno de Aragón o a instancias del Pleno de las Cortes de Aragón, si así lo exigen las circunstancias.

El diputado Santiago Morón defenderá esta proposición no de ley "ante la firme convicción de que los aragoneses se merecen, antes de que se adopten decisiones políticas que afecten a su Salud, que se escuche la opinión de las asociaciones científicas y de los profesionales sanitarios que van a tener que implementar las medidas que se adopten. Esos a los que regalábamos aplausos, que agradecían, pero que al final querían cambiarlos por EPI adecuados".

Morón ha recordado -en una nota de prensa- que, precisamente, el diálogo con las profesiones sanitarias, en los últimos meses, "ha brillado por su ausencia". "Esperamos sinceramente que con el nombramiento de la nueva consejera de Sanidad se retome", ha dicho.

Ha afirmado que "parece que la pandemia nos ha dado una tregua, pero lejos de ser controlada, lo cual no se podrá mínimamente asegurar hasta que la ciudadanía tenga acceso a una vacuna, precisará de la asunción de medidas basadas en evidencias científicas y de la coordinación de todos los niveles asistenciales".

"Por lo tanto, y ante el más que probable rebrote en septiembre u octubre de la pandemia, corresponderá al Gobierno de Aragón tener nuestro sistema sanitario preparado, para dar respuesta a tal contingencia". Y entonces ya no servirá el "no estábamos preparados porque nadie se lo podía imaginar", ha concluido.