El estado de alarma decaerá el 21 de junio en toda España, terminarán las restricciones de movimientos y empezará lo que el Gobierno ha llamado la ‘nueva normalidad’, una nueva etapa tras lo peor de la crisis del coronavirus en la que será obligatorio seguir tomando precauciones. El uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en los espacios públicos cuando no sea posible guardar la distancia física que seguirá vigente, de al menos 1,5 metros. Estos y otros aspectos figuran en real decreto-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros para regular una nueva etapa que no terminará hasta que el Gobierno dé por concluida la crisis sanitaria, previa opinión favorable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige el doctor Fernando Simón.
La “nueva normalidad” se prolongará desde el próximo 21 de junio “hasta que el Gobierno declare de forma motivada, habiendo escuchado a las comunidades autónomas y previo informe del CCAES de que esta crisis ha concluido”, ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Lo ha hecho al término del Consejo de Ministros que ha aprobado un real decreto que ya prácticamente cuenta con los votos necesarios para ser convalidado en el Congreso. En las últimas horas, PNV y Ciudadanos han anunciado que lo apoyarán tras haber escuchado el Gobierno sus reclamaciones.
A partir de este lunes, el 52% de la población española se encuentra en territorios que ya están en la última fase, la 3. Pero también, el 48% sigue en fase 2, como Madrid o Barcelona, que deberán precipitar la desescalada o llegar al 21 de junio recién iniciada la fase 3. En cualquier caso, Illa ha afirmado este martes que la alarma se levantará en todo el país en la fecha convenida, dentro de dos semanas. “Si las cosas van como van, se dan las condiciones para que todo el territorio pueda levantar el estado de alarma”, ha dicho. No ha descartado, sin embargo, que, en la asunción de sus competencias sanitarias, cada comunidad pueda decidir medidas específicas, por ejemplo, para restringir aforos.
El Gobierno ha aprobado esta ley “ante los riegos que pudieran derivarse de la pérdida de la vigencia automática” del estado de alarma y “la aparición de nuevos brotes y nuevas cadenas de transmisión no identificadas” del virus. “Será más necesario que nunca apelar a la responsabilidad individual”, ha dicho el ministro de Sanidad, que ha apelado a “mantener” las “reglas de comportamiento” que aparecen en el decreto “con altas dosis de contención, pensando en lo fácil que ha sido llegar adonde estamos”.
Mascarilla o multa
Tres son las medidas más concretas que figuran en el decreto. Por una parte, el uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en los espacios públicos, cerrados o al aire libre y salvo enfermedades o circunstancias concretas que lo desaconseje. También en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, en los transportes públicos y privados en vehículos de hasta nueve plazas si los ocupantes no conviven en el mismo domicilio. En transporte marítimo se adapta la obligación a las particularidades de este modo de transporte. La multa por no llevarla será de “hasta 100” euros.
Por otra parte, en la nueva normalidad seguirá siendo necesario mantener la distancia física, de “al menos” un metro y medio, ha explicado Illa, tras cerrar el apoyo de Ciudadanos que se ha traducido en reducir la distancia, que en un borrador del decreto se establecía en “entre 1,5 y 2 metros”.
Trazar contactos
Asimismo, los operadores de transporte con asientos preasignados deberán conservar un mínimo de cuatro semanas datos sobre los pasajeros, de manera que sea posible trazar los contactos de una persona que dé positivo por coronavirus. También Marina Mercante tomará medidas para controlar a pasajeros de barcos y cruceros.
Ante la necesidad de trazar los contactos de una persona diagnosicada de coronavirus, los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o privada tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que dispongan para identificar contactos de la personas afectada
Por que respecta a la sanidad exterior, el decreto pondrá en manos de las autoridades portuarias de los puertos los recursos para la "inspección de frontera de pasajeros y de mercancías con el fin de garantizar la valoración sanitaria y epidemiológica a la entrada de pasajeros internacionales".
Competencia autonómica
Como la fase 3, en la 'nueva normalidad' las comunidades autónomas tendrán el control de la gestión del seguimiento e informarán de ello al Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Eso sí, Sanidad se reserva poder intervenir "en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas".
De forma ordinaria, el decreto establece que los gobiernos autonómicos deben tener sus sistemas sanitarios preparados para un eventual brote. Suya será la responsabilidad de realizar tests PCR o similares y notificar los casos a Sanidad.
“Las comunidades autónomas velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios”, dice el decreto, en concreto, dedicados a tareas de “prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, atención a los casos y la vigilancia epidemiológica”. Este martes, Illa ha añadido que también tendrán que tener una previsión de “camas” disponibles.
Por lo que respecta a las residencias de mayores, el decreto establece que sus “titulares” deberán “presentar a la autoridad competente de salud pública un Plan de Continencia por Covid-19” para la “identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus contactos”. También deberán velar "por que las visitas y los paseos se desarrollen en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio”.
Evitar aglomeraciones
Más allá, el decreto da pocas pautas concretas y apuesta por el llamamiento al "deber de cautela y protección" para evitar los contagios.
De cara a la ‘nueva normalidad’, la pauta general es que en los lugares públicos se "eviten las aglomeraciones". El principio esencial será mantener la distancia física de seguridad de como mínimo 1,5 metros. También en los centros de trabajo, sobre los que el decreto no hace ninguna recomendación expresa al teletrabajo. Y en las escuelas, sobre la que no hay pautas tampoco sobre cuándo se retomará la actividad lectiva ordinaria.
En los centro de trabajo, los dueños de los negocios o sus directivos deberán garantizar la limpieza y desinfección, poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados por el Ministerio de Sanidad y adaptar la "ordenación de los puestos de trabajo", con turnos y el mantenimiento de una distancia de 1,5 metros. Si no es posible, deberá proporcionar equipos de protección "adecuados al nivel de riesgo".
En los colegios, habrá que desinfectarlos y acondicionarlos, una vez más, para evitar aglomeraciones y garantizar la distancia de 1,5 metros. Si no es posible, deberá haber "medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio".
Estas mismas instrucciones figuran en el borrador del decreto aplicadas a centros comerciales, bares y restaurantes, lugares comunes de los alojamientos hoteleros, instalaciones deportivas o espectáculos culturales.
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