Así consta en el escrito que ha remitido el ministerio público al juzgado de instrucción que mantiene abiertas unas diligencias tras la denuncia del sindicato contra la Conselleria de Sanidad y Barceló por deficiencias en los equipos de protección para los sanitarios frente al coronavirus.

En su escrito, Fiscalía se refiere, por un lado, a la competencia de la denuncia y, por otro, a la personación del sindicato. Sobre este último punto, no lo admite por defecto de forma, puesto que estima que CSIF tiene la consideración de acusación popular y, por tanto, debe presentar querella -no denuncia- y prestar fianza.

Respecto a la competencia, la Fiscalía recuerda que en la denuncia se hace referencia directa a Barceló respecto a una carta que el sindicato le envió el 31 de enero de 2020 sobre la necesidad de compra de material sanitario para los empleados ante la situación de emergencia sanitaria internacional y que no recibió respuesta.

Por ello, y sin entrar en el fondo del asunto, el ministerio público afirma que se trata de una denuncia contra una persona aforada y que los hechos requieren ser investigados por el TSJCV.

LA DENUNCIA DE CSIF

CSIF denunció el 15 de abril por vía penal a la Conselleria ante la falta de protección al personal sanitario, lo que podría constituir, entre otros, delito de prevaricación por omisión o de homicidio imprudente.

En su escrito relataba cómo desde el 31 de enero había estado advirtiendo a Conselleria del peligro del Covid-19 y preguntando por el material de protección para el personal sanitario sin que la Administración adoptara medidas.

El sindicato explicaba esa "inactividad" con detalle, en su denuncia, y hacía hincapié en que "se constata de manera evidente y se pone de manifiesto con la falta absoluta o la ineficacia de los medios de protección puestos por dicha Conselleria a disposición del personal que presta servicios en instituciones sanitarias. Esta falta de medios es pública y notoria, y ha dado lugar a un elevado número de contagios entre profesionales sanitarios e, incluso, al fallecimiento de varios de ellos".

CSIF recalcaba en la denuncia que "la obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la empresa, o en este caso administración empleadora, implica también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad".