El ingreso mínimo vital que se ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros tiene por objeto conceder una prestación económica a aquellos hogares que estén en riesgo de pobreza.
Esta prestación, cuya cuantía dependerá de la situación familiar, se podrá solicitar a partir del 15 de junio y tendrá efectos retroactivos al día 1 del mismo mes para quienes lo soliciten hasta el 30 de septiembre.
El ingreso mínimo vital será compatible con los ingresos procedentes del trabajo, siempre que no se supere el umbral establecido. Así, se espera dar cobertura a los hogares con bajos ingresos y empleos temporales, y también evitar que algún beneficiario se vea la tesitura de tener que elegir entre un trabajo precario y una ayuda social.
Además, la Seguridad Social comprobará periódicamente si se sigue necesitando la ayuda y los beneficiarios deberán informar sobre los cambios que se produzcan respecto a su situación económica.
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