En esta línea, el 93% declara que no está de acuerdo de manera general con el apoyo que ha recibido por parte de la administración educativa, "una desatención que en el 60% de los encuestados está incidiendo negativamente en la conciliación familiar".

Respecto a las tareas burocráticas de los profesionales, a las habituales que no están relacionadas con el proceso de enseñanza se han sumado otras derivadas del COVID-19 y de la educación a distancia.

Así, un 77,28% de los docentes de toda España considera que las tareas burocráticas fijadas tras el estado de alarma son "excesivas", mientras que una gran mayoría -un 89,11%- está dedicando más horas al trabajo para atender a esta nueva situación de educación a distancia con pocos medios.

En el caso de las decisiones tomadas por la Administración educativa en el último trimestre escolar, los datos recogen una opinión generalizada. Así, a la pregunta de si se está teniendo en cuenta la opinión y experiencia del profesorado en la toma de decisiones y regulaciones normativas adoptadas un 94,4% de docentes asegura que no, frente al 3,8% que opina lo contrario, según la encuesta.

INSTRUCCIONES POCO CLARAS Y FALTA DE APOYO

Respecto a las instrucciones y normativas para regular el teletrabajo durante este último trimestre de curso escolar, un 70,63% del colectivo de docentes lamenta que son "poco claras"; el 27,24% cree que son "parcialmente claras y útiles," y tan solo un 2,13% de los encuestados defiende su utilidad.

En Castilla-La Mancha, el 70% señala que no ha recibido ninguna instrucción sobre cómo trabajar e impartir las clases online.

Desde el sindicato, lanzan "la voz de alarma" para advertir de que muchos profesionales están al límite y los centros afrontan el final de curso y la vuelta al colegio en septiembre "con mucha incertidumbre". "Es el momento de reconocer la labor del profesorado, de eliminar o reducir burocracia que presiona aún más y resta tiempo para lo verdaderamente importante: enseñar", señalan desde CSIF.

"Es urgente acordar las condiciones sanitarias y de prevención para la vuelta para el nuevo curso que se inicia en septiembre. Se debe anteponer la seguridad de la salud pública a cualquier otra consideración", reclama el sindicato.

Por ello, CSIF exige negociar un Plan de Regreso a la Actividad Laboral de carácter Organizativo y Preventivo de obligado cumplimiento y un Plan de Refuerzo educativo para el curso 2020-2021.

Sobre las propuestas de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, CSIF ha pedido que "no se improvise más" porque, a su juicio, "para afrontar el próximo curso con garantías hace falta un incremento de medios y de plantillas".

"Reclamamos por ley una inversión mínima por alumno para el año que viene para afrontar el coronavirus y ante eventuales recortes", ha concluido el sindicato.