Asimismo, esta modificación también afecta a la regularización de asentamientos de viviendas en suelo rústico, entre las que la consejera de Ordenación del Territorio, Begoña García Bernal, se ha referido a casos específicos de Badajoz y Plasencia, cuyos ayuntamientos podrán aprobar planes especiales que permitirán también acortar los plazos.

De esta forma, actividades como casas rurales, industria agrícola,actividades culturales, educativas de investigación, producción de energías renovables de hasta 5 Mw y residenciales autónomos, entre otras, son usos "compatibles" y que pueden ser permitidos en el medio rural, contribuyendo de esta forma a fijar la población al territorio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario de este viernes, García Bernal ha defendido que este decreto pretende establecer una serie de medidas en materia urbanística destinadas a "dinamizar el tejido económico y social" y para afrontar los efectos negativos" de la pandemia del coronavirus.

Asimismo, ha subrayado que esta modificación atiende una demanda de los ayuntamientos que, en la situación actual, ven "inviable" la adaptación de sus planes urbanísticos a la Lotus, una ley aprobada en 2018 que pretende guardar el "equilibrio entre lo rural y los urbano" y que se fundamenta en una "utilización racional de los recursos".

En concreto, este decreto ley "anticipa la adaptación" de muchos preceptos que ya contemplaba la ley, especialmente en lo referente a la flexibilización agilización de la burocracia.

El Gobierno regional extremeño considera "indispensable" disponer de las herramientas jurídicas y urbanísticas adecuadas para acelerar la inversión económica, el desarrollo de nuevos proyectos, los preceptivos permisos de las diferentes administraciones y que éstas sean capaces de aprovechar los recursos naturales.

Con este decreto, se ponen de forma inmediata a disposición de los ayuntamientos una serie de "instrumentos ágiles" que sean capaces de dar respuesta a las "especiales necesidades" que surgen de la actual crisis.

Entre las principales novedades que introduce el decreto ley, se plantea la descentralización de trámites en municipios de más de 5.000 habitantes o que pertenezcan a mancomunidades que tengan oficinas de gestión urbanística, dotándolos de unas reglas que les den "seguridad jurídica" para poder calificar actividades en el medio rural.

NOVEDADES

A partir de ahora, serán los ayuntamientos y las mancomunidades los que concedan los permisos, lo que reducirá "considerablemente" los plazos. Según la consejera, la tramitación de un nuevo plan general que adapte la normativa municipal, por ejemplo, a la instalación de una planta fotovoltaica, se puede prolongar durante un año, plazo que ahora se suprime.

Y es que se fija un marco jurídico para las actividades que, pornovedosas, no se encontraban recogidas en el planeamiento urbanístico yque obligaban a adaptaciones de planeamiento "largas y costosas".

Por otra parte, se establece que la licencia de primera ocupación paravivienda tendrá silencio administrativo positivo si no hay notificación de resolución alguna dentro de un mes de plazo, y además se clarifican los supuestos para las comunicaciones previas.

Además, se crea un régimen transitorio flexible para la adaptación ala ley de los municipios de más de 10.000 habitantes para facilitar lostrabajos de asunción de los preceptos legales, a la vez se establecencriterios para los que cuenten con menos de ese número de habitantes.

Igualmente, se disponen medidas, como la aprobación de planes especiales, que faciliten, aceleren y flexibilicen la regularización de asentamientos en suelo rústico por parte de los ayuntamientos.

Finalmente, García Bernal ha señalado que el contenido de este decreto ley ha sido compartido tanto con las diputaciones provinciales como con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), como con los grupos políticos, que han tenido la oportunidad de hacer sus aportaciones.