El pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat pide que todos los regidores de CDC hasta el 2009 dimitan de los cargos por el caso Palau e incluye a los consellers de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, y al de Territorio, Damià Calvet, ambos de JxCat.

La moción la ha presentado el equipo de gobierno municipal formado por ERC, PSC y CUP y ha recibido el aval de Cs. Tan solo ha votado en contra JxCat.

Así, el pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha aprobado una moción para pedir a "las formaciones políticas que han sucedido CDC" que devuelvan los 167.040 euros que se cobraron en comisiones irregulares por la construcción de un pabellón municipal, según compilación la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Palau. 

La moción pide también la dimisión de los cargos que estén ocupando en estos momentos todos aquellos que fueron regidores de CDC en el municipio hasta el 2009. El texto aprobado ha instado a "la asunción de responsabilidades políticas de todos los concejales de Sant Cugat de CDC del periodo afectado hasta el 2009" y que dimitan de las actuales responsabilidades políticas que estén desempeñando en la actualidad.

Esto incluye el actual consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, que fue regidor al consistorio vallesano entre 2005 y 2015, y al de Territorio y Sostenibilitat, Damià Calvet, quien fue teniente de alcalde en Sant Cugat ocupándose de las áreas de urbanismo, economía y hacienda, Ambos forman parte del Govern por JxCat. 

Recurperar las comisiones

El pleno ordinario de mayo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha acordado también buscar "la manera para recuperar" las comisiones señaladas en el Caso Palau, después que el Tribunal Supremo haya condenado a 12 personas a penas de entre ocho meses y nueves años y ocho meses de prisión.

La moción ha exigido que los partidos que han sucedido CDC, "PDeCAT y JxCat asuman las responsabilidades económicas que se derivan de la sentencia en relación a la adjudicación del polideportivo PAV III" de la localidad, que elevan a 167.040,76 euros.

El documento al que se ha dado luz verde también ha reclamado que asuman esta factura "de forma solidaria y que se retorne a las arcas públicas".