El Gobierno dice ahora que la renta mínima se cobrará en junio

Escrivá calcula que el ingreso mínimo vital costará 3.000 millones de euros al año
Escrivá calcula que el ingreso mínimo vital costará 3.000 millones de euros al año
EP
José Luis Escribá, ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migración.

La renta mínima que está preparando el Gobierno se aprobará en mayo, como estaba previsto, pero no podrá cobrarse hasta junio. Así lo confirmó ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que junto a la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias está coordinando la elaboración de una norma cuyo coste hasta final de año, según cifró el ministro, será de unos 3.000 millones de euros.

Escrivá ofreció este martes en el Senado más detalles sobre la nueva prestación, que Iglesias y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordaron aprobar en mayo y que el vicepresidente segundo quería poner en marcha ese mismo mes, lo que parece que no será posible.

Según el ministro de Seguridad Social, la ayuda eliminará "casi completamente" la situación de pobreza extrema que sufren el 20% de los hogares españoles, además de "un porcentaje muy importante" de aquellos que sufren lo que se conoce como "pobreza mediana" y que están entre el 20% y el 40% de las familias.

Aún no se conoce la cuantía que tendrá la ayuda, aunque Escrivá reiteró que tendrá en cuenta el "número de hijos" y que también habrá complementos para los hogares "monoparentales". Asimismo, tendrá que definirse en las próximas semanas cómo se compatibilizará la ayuda estatal con las rentas mínimas ya vigentes en varias comunidades autónomas, aunque el ministro afirmó que "evidentemente" la renta estatal no anulará las autonómicas, sino que "va a ir más lejos".

Ayudas a la cultura

Sí se podrán cobrar con mayor inmediatez las ayudas al sector de la cultura que aprobó ayer el Consejo de Ministros, tras casi dos meses desde la declaración del estado de alarma y después de que el sector haya llegado incluso a amagar con un apagón

El paquete de incentivos y avales, por un valor total de 75 millones, estará destinado al cine, el teatro, las librerías y otras pequeñas y medianas empresas del sector cultural.

El subsector de las artes escénicas (danza, teatro, circo y música) es el más beneficiado por las ayudas directas del Estado, ya que le corresponderán 38,2 millones. El cine, por su parte, también contará con ayudas, aunque más reducidas: un total de 13,2 millones de euros, que irán destinados a los titulares de salas de exhibición. 

Además, se establece que las películas que hayan tenido problemas para estrenarse en salas cuando lo tenían previsto puedan hacerlo a través de servicios de streaming sin que ello afecte a su condición de película cinematográfica, lo que les permitirá acceder a más ayudas. 

A esas cantidades se suman otros cuatro millones para librerías independientes. Un millón más estará destinado a la promoción del arte contemporáneo, unas ayudas de las que se beneficiarán galerías, críticos y comisarios. Y se inyectan 20 millones de euros para ofrecer liquidez a las pymes del sector cultural a través de una línea de créditos que podría alcanzar una cuantía de 780 millones.

Bajada de las tasas universitarias

También aprobó ayer el Consejo de Ministros la derogación del sistema de tasas universitarias aprobado en 2012 por el entonces ministro de Educación del PP, José Ignacio Wert, por el cual se elevaron los precios de la educación superior en buena parte de las comunidades.

 Según anunció la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, para el próximo curso el Ejecutivo y las autonomías fijarán un precio máximo para las matrículas universitarias.

Hasta ahora, los usuarios pagaban un porcentaje del coste real de su educación universitaria, cuya cuantía crecía según la matrícula para una determinada asignatura se hiciera por primera, segunda, tercera o cuarta vez. En cuarta matrícula, los alumnos podían tener que sufragar entre el 90% y el 100% del coste total de su educación, lo que redundaba en matrículas muy caras y, en ocasiones, inasequibles para los ciudadanos con más dificultades.

Según explicó Montero, este sistema de porcentajes será sustituido por un tope en el precio máximo que las universidades públicas pueden cobrar por cada crédito matriculado. "El objetivo es bajar este primer año el precio de la primera matrícula de grado", señaló. 

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