De esta forma, "todos los hogares tienen garantizado el suministro y acceso a prestaciones sociales", ha dicho el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado, donde añade que esta política social debe además compatibilizarse con el mantenimiento de las "inversiones de emergencia y críticas imprescindibles" para el mantenimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento, garantizar la calidad del agua o evitar problemas graves de suministro o inundaciones por aguas pluviales.

Así, incide en que Emasesa tiene como objetivo continuar el plan de inversiones públicas programado con una doble función. Por un lado, para contribuir a la reactivación económica y a la recuperación de puestos de trabajo perdidos por las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria. Por otro lado, apuesta por garantizar la ejecución de obras de emergencia y aquellas fundamentales para el mantenimiento de las redes, el cumplimiento de los índices de calidad del agua y la contribución a la lucha contra el cambio climático.

En estos momentos, señala que están en marcha inversiones por un importe de 20 millones de euros. La empresa metropolitana está trabajando en un plan de reactivación de las inversiones planificadas, con fases y escenarios previstos de recuperación progresiva de aquellos proyectos que quedaron paralizados como consecuencia del primer decreto de estado de alarma.

"La ejecución de esas actuaciones críticas se retomará una vez la normativa lo permita y cumpliendo con las recomendaciones de prevención para garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa, para lo que es necesario que la empresa cuente con los recursos e ingresos suficientes para la ejecución de esos proyectos", añade.

En relación con las ayudas, Emasesa ha programado 4,5 millones de euros con los que dar respuesta a las situaciones de emergencia social. Con este presupuesto social, "se garantiza el suministro a las familias más vulnerables y los aplazamientos en próximas facturas correspondientes al periodo del decreto de alarma para empresas y autónomos que hayan tenido que cerrar a causa del Covid-19".

De este modo, "tal y como se viene haciendo desde hace años", afirma que se protege el agua como derecho humano y como servicio esencial, "especialmente en estos momentos en los que de la disponibilidad del agua depende que la población pueda cumplir las recomendaciones sanitarias de higiene con las que frenar al virus".

En este sentido, subraya que la revisión de los precios públicos del agua aprobada por el Pleno incorpora también la creación del bono social de Emasesa que establece un sistema "más flexible, amplio y con mayor alcance de ayudas sociales que va a suponer un incremento del presupuesto destinado a los programas sociales y que un mayor número de hogares tengan tarifas bonificadas y ajustadas a su nivel de ingresos".

"Las ordenanzas de precios públicos aprobada por todos los ayuntamientos para 2020 es por tanto fundamental para el mantenimiento de las políticas sociales que se van a incrementar sensiblemente en los próximos meses, así como para poder ejecutar el programa de inversiones críticas, de emergencia y de interés general necesarias para el mantenimiento del servicio y para la reactivación económica", concluye.