La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha exigido el cese del periodista Alfonso Merlos como director de comunicación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). El nombre de Merlos está además de actualidad tras su ruptura sentimental después del vídeo en el que salía con una mujer en casa que no era Marta López, su pareja oficial de los últimos meses.
En un artículo publicado en su página web, ALA asegura que la gestión de la comunicación de su empresa, Trocadero Comunicación, en el colegio desde enero de 2018 ha sido "nefasta" y que la aparición de Merlos en diversos medios perjudica la imagen de la institución debido a que emite "opiniones en la mayoría de las ocasiones abiertamente contrarias a las políticas de igualdad que defiende el ICAM".
La asociación de letrados ha denunciado que Trocadero Comunicación no cumplía con la obligación de toda sociedad mercantil de depositar en el Registro Mercantil las cuentas anuales de la sociedad. En el momento de la contratación de la empresa por el ICAM no constaban depositadas las cuentas anuales de 2014, 2015 y 2016, que se depositaron el 28 de febrero de 2018.
También se depositaron con retraso las cuentas anuales de 2017 y 2018 por lo que el ICAM tenía contratada "a una sociedad que actuaba irregularmente en el mercado incumpliendo sus obligaciones mercantiles y de transparencia".
ALA además ha informado de que en el último informe de actividad publicado por el ICAM en septiembre de 2019 se aprecia un descenso notable del número de seguidores de la institución en casi todas las redes sociales y que las acciones en prensa cayeron un 36% respecto al año anterior.
Contratación a dedo
La designación de Alfonso Merlos como director de comunicación del ICAM fue una apuesta personal del Decano José Mª Alonso, quién lo había elegido para dirigir su campaña electoral y de comunicación en las elecciones que ganó a la Junta de Gobierno del ICAM de diciembre de 2017.
La posterior contratación de su empresa para llevar la comunicación del colegio ha sido criticada por ALA debido a que se realizó "a dedo", sin que se produjera "concurso o convocatoria pública alguna ni publicidad en la contratación" en contra del criterio aprobado posteriormente en el “Código de conducta y política general de conflicto de intereses” del ICAM. La institución abona anualmente 185.000 euros a la empresa de Merlos por sus servicios.
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