Para los abogados, el escándalo de Mari Luz será estéril si no reaccionan los políticos

  • El decano de Sevilla ve urgente un "Pacto de Estado por la Justicia".
  • Para él es necesario respetar las decisiones del CGPJy el Ministerio.
  • Es "lamentable que con Tirado y su secretaria se devíe la atención".
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El juez Tirado, el padre de Mari Luz y la niña (ARCHIVO).
El juez Tirado, el padre de Mari Luz y la niña (ARCHIVO).
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El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha dicho hoy que el "escándalo social" que ha suscitado el "caso Mari Luz" "no servirá de nada y resultará estéril si los políticos no reaccionan y asumen su responsabilidad en la modernización de la Justicia".

Gallardo ha indicado que "es imprescindible y urgente que las fuerzas políticas elaboren un Pacto de Estado por la Justicia" para "articular profundas reformas legales y estructurales, que exigen un amplio respaldo parlamentario y que necesariamente han de trascender a la presente legislatura".

Se debe distinguir entre las responsabilidades personales y el mal funcionamiento judicial

"Para el decano de los abogados sevillanos, "resulta prioritario cambiar la oficina judicial y clarificar las responsabilidades personales concretas en el funcionamiento interno de los juzgados, así como establecer controles de calidad en la prestación del servicio público judicial".

Ha añadido que la opinión pública "debe distinguir claramente entre las responsabilidades personales" que pudo haber en la "concatenación de deficiencias" que permitieron que el presunto asesino Mari Luz estuviese libre y la "situación generalizada de mal funcionamiento de la maquinaria judicial", circunstancia ésta que "venimos padeciendo desde hace lustros y ahora finalmente ha trascendido a la sociedad en toda su crudeza".

Gallardo no ha querido pronunciarse sobre las cuotas de responsabilidad del juez y la secretaria del juzgado penal 1 que mantuvieron al presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, en libertad, porque considera necesario "respetar las decisiones del Poder Judicial y del ministerio de Justicia en el ámbito de sus competencias disciplinarias".

Se ha declarado contrario a las presiones contra esos órganos "desde instancias políticas y corporativas", aunque ha añadido que "sería muy lamentable que esa cuestión de las responsabilidades del juez y la secretaria desviase la atención sobre la problemática general que la Justicia padece y que corresponde abordar exclusivamente a los políticos".

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