Justicia suspende 2 años de empleo y sueldo a la secretaria judicial del 'caso Mari Luz'

  • Se le imputa una falta grave de negligencia y retraso injustificado.
  • Sus omisiones llevaron a no ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a Santiago del Valle, presunto autor de la muerte de Mari Luz.
El juez Tirado, el padre de Mari Luz y la niña (ARCHIVO).
El juez Tirado, el padre de Mari Luz y la niña (ARCHIVO).
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El juez Tirado, el padre de Mari Luz y la niña (ARCHIVO).
El Ministerio de Justicia ha impuesto este viernes una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de Sevilla del que es titular Rafael Tirado, por su actuación en un caso relacionado con el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.

La sanción a Gálvez ha sido impuesta por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un "cúmulo de omisiones" que llevó a no ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija a Santiago del Valle, luego detenido por la muerte de la niña de Huelva.

La decisión se justifica por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos
Aunque el instructor del expediente a la secretaria había propuesto que la sanción fuera de 6 meses de suspensión, el departamento que dirige
Mariano Fernández Bermejo justifica la decisión de imponer una de dos años "por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria".

En cuanto al juez del caso, Rafael Tirado, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió el pasado 10 de septiembre resolver con una una multa de 1.500 euros el expediente abierto contra él, por no ordenar ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija a Santiago del Valle.

Dicha multa fue inmediatamente recurrida por la Fiscalía, que solicitó que se le imponga como sanción una suspensión por tres años.

El pasado 30 de septiembre los padres de la pequeña Mari Luz, Juan José Cortés e Irene Suárez, se reunieron con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para entregarle los 2,3 millones de firmas recogidas en la campaña ´Por una Justicia Justa´, en la que piden que se aumenten las penas contra los pederastas. 

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