La Fiscalía provincial de Madrid investigará a la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rocío Monasterio, por presunta falsedad documental y estafa. En un comunicado, el fiscal superior comunicó ayer su intención de incoar diligencias a raíz de una denuncia realizada por Más Madrid hace un mes.

Según el escrito que presentaron el pasado 16 de enero los concejales del Ayuntamiento Rita Maestre, José Manuel Calvo y Marta Higueras, Monasterio habría incurrido en varias prácticas ilegales al haber tramitado planos de obra con un visado falso del Colegio de Aparejadores.

En un primer momento, el sello se utilizó en los planos de obra del loft que el presentador televisivo Arturo Valls le encargó a la arquitecta en 2005. Sin embargo, Monasterio siguió utilizando esa marca en otros trámites diferentes entre 2011 y 2016, lo que significaría la no prescripción del delito.

Cabe destacar que la reforma de la vivienda de Valls se hizo, además, sin licencia, una práctica por la que Monasterio, que supuestamente ejerció como arquitecta sin tener el título universitario, ha sido señalada hasta en diez ocasiones más.

Una portavoz de Vox Madrid señala que este caso es «el mismo» que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) «archivó hace poco» y que Rocío Monasterio alegará para demostrar su inocencia.

Más Madrid habla de "delitos muy graves"

El edil de Más Madrid José Manuel Calvo ha asegurado en declaraciones a Europa Press que confiaban en que la Fiscalía iba a apreciar lo mismo que su grupo municipal, que había indicios de presuntos delitos "muy graves".

"La señora Monasterio se ha dedicado a hacer memes y a reírse de las presuntas irregularidades que cometía cuando ejercía sin título (...) Nos gustaría saber qué tiene porque ahora no se reirá tanto. Son hechos muy graves y tendrá que dar explicaciones muy claras", ha aseverado.

En caso de que estos indicios de delito de confirmaran, Calvo ha asegurado que Monasterio tiene que dimitir porque las actuaciones de la que se le acusan son actitudes que no tienen cabida en un cargo público.

Asimismo, tal y como se indicaba en la denuncia, la presunta estafa se habría cometido no solo ante el propietario del inmueble sino sobre todo al Ayuntamiento de Madrid.