La asociación Hazte Oír publicita en 150 marquesinas de autobuses interurbanos de varias localidades de la Comunidad de Madrid para publicitar un teléfono de atención a "víctimas de adoctrinamiento de género".

Estos espacios publicitarios se localizan en la capital, Getafe, Rivas Vaciamadrid o Leganés e instan a que los padres "cuenten los casos de adoctrinamiento de género que se produzcan en las escuelas", según ha explicado la organización en un comunicado.

La Asamblea de Madrid admite la propuesta de Hazte Oír para implantar el pin parental

"Hay familias de la Comunidad de Madrid y de otras partes de España que están sufriendo porque los activistas LGTBI y de género se están introduciendo en las aulas para ideologizar o realizar actividades con los menores", han asegurado desde Hazte Oír, quienes han denunciado que los padres están "desamparados" porque la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no quiera aplicar el pin parental.

Por su parte, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha criticado que no entiende cómo una institución pública como la Comunidad de Madrid "permite que se hable de adoctrinamiento de género en las aulas, en lugar de proteger y defender una sociedad igualitaria e informada".

Además, ha recordado que "el propio consejero de Transportes, de quien depende el Consorcio Regional, Ángel Garrido, aseguró en una entrevista este mes que se ve que el pin parental es un pin neandertal", y mostró así su rechazo a lo que se publicita en las marquesinas.

Encontronazos sucesivos

No es el primer encontronazo que tiene el colectivo con algunos de estos ayuntamientos. A principios de febrero, la Policía Local de Leganés impidió a Hazte Oír el reparto de folletos sobre el pin parental a las puertas del colegio público Miguel Hernández.

Por su parte, fuentes de la Consejería han explicado que la explotación publicitaria de las marquesinas de autobuses interurbanos corre a cargo de una empresa adjudicataria que es la "responsable exclusiva de la aceptación y contratación de campañas".

Así, han precisado que el contrato fue adjudicado en abril de 1999 a Clear Channel y han remarcado que el Consorcio "no supervisa el contenido de las campañas publicitarias que contrata", pero que, en caso de que haya dudas, se remite a Autocontrol de la Publicidad para que emita un informe de idoneidad.

"En este caso, el informe de Autocontrol señala que 'no encuentra obstáculos que desaconsejen su difusión en medios de publicidad exterior'. La difusión de publicidad política solo está prohibida en televisión", han zanjado desde Transportes.