El cuartel general de Teruel Existe continúa siendo el bar de siempre, el mismo en el que vivieron la noche electoral del 10-N, esa en la que hicieron historia al estrenar su salto a la política con un representante en el Congreso y dos en el Senado. "Seguimos sin sede, como en los veinte años que lleva el movimiento ciudadano", explican desde una plataforma que se ha propuesto que la nueva situación no cambie su estructura ni reduzca su presencia en la calle.

"Presentarnos a las elecciones ha sido una acción más, pero el movimiento ciudadano sigue tal cual", incide el diputado Tomás Guitarte, sentado junto a varios compañeros en torno a una mesa, en un local situado en el paseo del Óvalo, considerado "el salón de la ciudad".

¿Qué les llevó a entrar en política? La reflexión de que nos hemos reunido con casi todos, secretarios de Estado, ministros, presidentes…, y han alabado la acción de la coordinadora pero nadie ha puesto soluciones. Eso nos hizo pensar que teníamos que estar donde se toman las decisiones. Nos presentamos como agrupación de electores porque era lo más parecido a un movimiento ciudadano.

¿Fue dura la campaña? Sí. Partíamos con pocos medios. Gastamos 14.000 euros, probablemente la campaña más barata de la historia. Y como agrupación de electores estábamos más limitados que los partidos. No pudimos hacer ni mailing. Nuestros votantes tuvieron que coger las papeletas en los colegios. Fue un acto absolutamente consciente de ir a votarnos. Ni los bulos ni los ataques personales enturbiaron su experiencia con nuestro trabajo previo.

A usted le criticaron por vivir en Valencia. Para muchos turolenses que hemos vivido la emigración lo importante no es dónde te toca vivir en cada momento sino a qué has dedicado tu trabajo y en mi caso está claro que lo había dedicado a la provincia. Al acabar la carrera no abrí un estudio en Valencia, lo abrí en Calamocha, el pueblo al que pertenece mi pueblo.

Esos ataques de los que habla se recrudecieron cuando Teruel Existe decidió respaldar la investidura como presidente del socialista Pedro Sánchez. Este arquitecto de 58 años sufrió amenazas y coacciones, hasta tal punto que el Ministerio del Interior tuvo que ponerle protección policial. A pocos días de aquel "ejemplo antidemocrático", la tensión ha disminuido y ya puede moverse con libertad. Aquí, en su tierra, apunta no obstante que «no ha habido conflicto» y, mientras se pone el abrigo para salir del establecimiento, destaca la solidaridad recibida.

Más allá de las pintadas en su contra aparecidas en Calamocha a principios de enero, un paseo con él por el centro histórico de Teruel supone ser testigo de ese espaldarazo social. Subiendo desde el Óvalo a la plaza del Torico y llegando de ahí a la catedral y el Ayuntamiento, el trayecto se ve interrumpido en varias ocasiones por conciudadanos que se acercan a felicitarle. "Nos está dando mucha visibilidad", comenta una mujer. "Seguid dando caña en Madrid", le insta a escasos metros un joven, reflejo ambos de ese porcentaje de turolenses que aprueba su postura ante Sánchez y que, según un sondeo de Heraldo, es del 85% entre los 20.000 votantes de la coordinadora y del 65% entre el resto.

¿Se esperaba un clima tan virulento por la investidura? No, no, no. Somos una opción política que no sabemos qué ha hecho salvo cumplir su palabra. En campaña ya dijimos que apostaríamos por aquel que lograse la gobernabilidad y se comprometiese con nuestro programa respecto a medidas para la España vaciada y para Teruel, y cuando lo cumplimos parece que se hunde el mundo.

Del documento firmado con el PSOE, ¿qué es lo más urgente? Lo principal, para el conjunto de la España vaciada, es la firma de un pacto de Estado por el reequilibrio territorial y la repoblación. Dentro de ese pacto hay muchísimas medidas. Algunas tendrían que ser de aplicación inmediata, como lograr que estos territorios sean competitivos con las grandes ciudades en materia de telecomunicaciones, accesibilidad física, acceso a los servicios… Que tengamos las mismas oportunidades que en un entorno urbano. Con esa igualdad, mucha gente preferiría vivir aquí, porque hay más calidad de vida. Y mientras no haya la misma dotación, exigimos que esa diferencia se compense fiscalmente.

¿Cree que será fácil llegar a ese pacto con partidos tan enfrentados? En campaña todos dijeron que la despoblación les preocupaba y se mostraron partidarios de firmar el pacto de Estado. Para nosotros es el gran problema territorial, por encima de Cataluña. El 70% del territorio se está quedando vacío, lo que significa no solo problemas de justicia territorial y equidad, sino funcionales. ¿Quién atenderá los montes? ¿Quién producirá alimentos? Son cuestiones de supervivencia económica del conjunto del país.

La España despoblada: "Si el campo se para, la ciudad no come"

¿Se ha hecho un plan de financiación? Aún no, es un proceso evolutivo. Sí hemos insistido en tener un mecanismo de financiación estable. Para los fondos europeos proponemos tener un tratamiento fiscal similar al de las regiones ultraperiféricas, como Canarias. En cuanto a los estatales, comentamos que se haga lo que hizo Alemania en su reunificación, cuando las dos partes acordaron que durante 30 años, que es el plazo que hemos establecido, dedicarían un impuesto a igualar sus infraestructuras. Nosotros no queremos que se cree uno nuevo. Lo que decimos es que se destine el 7% de la recaudación del IRPF, el Impuesto de Sociedades y el de Patrimonio a hacer infraestructuras ya previstas pero no ejecutadas.

En Teruel, ¿cuáles son esas infraestructuras? Por carretera estaban planificadas la A-68, la A-40, la A-25... Por tren nos prometieron el corredor cantábrico -mediterráneo al quedar fuera del AVE Madrid-Cuenca-Valencia. De eso hace quince años y aún lo tenemos que reclamar como si fuera una reivindicación nueva. Somos la única capital de provincia sin comunicación directa con Madrid, ni ferroviaria ni por autovía.

Guitarte refleja con esos ejemplos el aislamiento de las grandes comunicaciones que el territorio sufre desde hace cuatro décadas y que le ha impedido competir pese a estar estratégicamente bien ubicado. El recorrido con él por la ciudad finaliza en el punto de partida, no sin antes hablar también de la necesidad acuciante de firmar un convenio que garantice alternativas de empleo ante el inminente cierre de la central térmica de Andorra, la comarca minera de una provincia con 15.000 kilómetros cuadrados, casi el doble que la Comunidad de Madrid, que tiene unos 135.000 habitantes y pierde en torno a un millar al año. El diputado confía en que ahora sí llegó la hora de revertir esa tendencia y en que 2020 será el año en el que Teruel cambió de rumbo.