Marruecos pone a España en aprietos al atribuirse aguas canarias: "El Gobierno debe decir firmemente que no lo acepta"

Recreación ficticia de cómo quedarían las fronteras marítimas de cada país.
Recreación ficticia de cómo quedarían las fronteras marítimas de cada país.
Henar de Pedro

Las aguas de Canarias "no se tocan". Así de claro se mostraba esta semana el presidente del gobierno insular, Ángel Víctor Torres, y así se lo trasladó a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ante las pretensiones de Marruecos de anexionarse aguas canarias en su nueva delimitación de fronteras.

El país árabe ha aprobado este miércoles dos leyes que chocan con el Derecho Internacional y que afectan directamente a España por solaparse con las aguas que también reclama nuestro país. El conflicto: los recursos que se esconden bajo ellas.

Ninguno de los países tiene delimitada de forma oficial sus fronteras marítimas, según explica Nicolás Navarro, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Las Palmas. Lo que hay es un espacio de 12 millas, unos 22 kilómetros, cuya soberanía pertenece a cada estado, pero el problema no está aquí, sino en la Zona Económica Exclusiva o Plataforma continental.

"El problema es que no hay tanta plataforma continental para cada país"

Cada país puede establecer una Zona Económica Exclusiva de 200 millas que puede explorar y explotar, e incluso puede llegar a ampliar su plataforma continental -el suelo y subsuelo marino- hasta las 350 millas si hay espacio para ello. "El problema es que no hay tanta plataforma continental para cada país", resume Navarro, por lo que son las autoridades internacionales quienes tienen la última palabra, previa negociación entre países.

De hecho, entre Canarias y Marruecos, ambos países establecieron una mediana que limita de forma provisional ambos territorios en el mar, pero no está determinada de forma definitiva. "Hay una regla provisional de 2003 donde a partir del Sáhara occidental hacia el norte, se ha establecido una mediana, pero no tiene carácter definitivo ni prejuzga lo que pase en el futuro", explica este experto. 

Otro profesor titular de Derecho Internacional Público, Jorge Zavala, resalta el respeto que han mantenido siempre los dos países con respecto a esa línea imaginaria, como en 2014 y 2015, "cuando Marruecos autorizó la extracción de petróleo en su plataforma marítima" y España hizo lo propio en la suya. No obstante, Marruecos ya ha mostrado su disconformidad con la definición de esa mediana: "Si uno tiene 750 kilómetros de costas y el otro 10 kilómetros, no se puede aplicar la línea mediana. Aquí entra el principio de equidad", sentenció el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita.

Por el sur y el oeste, España ya solicitó en 2014 a la ONU la ampliación de su plataforma continental hasta las 350 millas. No solo no ha obtenido respuesta sino que ésta puede no llegar a corto plazo por lo complejo que resulta el proceso, que debe ser estudiado por la comisión de límites de plataforma continental de la ONU. Si en su momento fue nuestro país quien solicitó la ampliación, este miércoles ha sido Marruecos quien ha decidido su nueva delimitación de forma unilateral, lo que despertado las alarmas sobre todo en las islas, que reclaman al Gobierno que defienda sus intereses.

"España tiene que decir de forma contundente que no acepta la delimitación"

En diciembre, apenas dos años antes de que expire el plazo para presentar las plataformas continentales ante la Comisión de Límites de Naciones Unidas, Marruecos ya aprobó estos dos proyectos en comisión antes de llevar las leyes al Parlamento este miércoles. Entonces, la ministra en funciones, Margarita Robles, se puso en contacto con el gobierno marroquí para advertirle de que España se opondría a un cambio en las fronteras marítimas que no se hiciera por consenso y es lo que Canarias reclama también a la nueva responsable de Exteriores. Se da la circunstancia de que González Laya tiene previsto aterrizar en Rabat este viernes.

"España tiene que decir de forma firme y contundente que no acepta la delimitación aprobada por Marruecos", sentencia Navarro. Ya no solo por las aguas canarias, sino por su intromisión en las saharauis, con las que el gobierno marroquí quiere afianzar su ocupación. "España no está en las aguas del Sáhara y no debería negociarla. Si lo negocia estaría admitiendo que Marruecos tiene soberanía sobre el Sáhara y eso no es así", recalca.

"Si España negocia estaría admitiendo que Marruecos tiene soberanía sobre el Sáhara occidental"

En ello coincide Alfonso Barrada Ferreiros, profesor del Máster en Negocio y Derecho Marítimo de Comillas ICADE y experto en Derecho del Mar. Si bien resta importancia al solapamiento con las aguas canarias, recuerda que el Sáhara occidental está bajo la administración internacional, por lo que es Naciones Unidas quien debería llamar la atención al país árabe.

A su juicio, no cabe una escalada de tensión entre los dos países vecinos y asegura que muchos países comparten potestad en una misma Zona Económica Exclusiva al no ser posible un acuerdo entre ellos. "España, sin ir más lejos, delimitó una ZEE en el mediterráneo en 2013 que solo un año antes había fijado Francia", explica.

De hecho, sentencia que España solo tiene fijada una frontera marítima. En el Mediterráneo, por ejemplo, estableció su Zona Económica Exclusiva por su cuenta, aunque en la zona que se solaparía en el Atlántico con Marruecos cobra una especial relevancia porque bajo sus aguas se esconde el volcán Tropic, a algo más de 250 millas náuticas de El Hierro y que contiene una gran reserva de Telurio y Cobalto, materiales muy utilizados para la elaboración de baterías eléctricas o paneles solares. Queda, pues, fuera de sus 200 millas de Zona Económica Exclusiva y Dentro de las 350 de Plataforma Continental que ya solicitado pero que no se le ha reconocido a día de hoy.

Por el momento, la iniciativa de Marruecos no tiene validez internacional si no hay un acuerdo con el país con el que colinda, España en este caso, no obstante, de no llegar a un acuerdo de cara al futuro tendrán que recurrir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya como ya hicieron otros países antes que ellos.

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