Las reticencias que ha encontrado hoy el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado se producen en un CGPJ en funciones desde diciembre de 2018 y a la espera de renovación. También lo están parte de los magistrados del Tribunal Constitucional, sin que de momento PSOE y PP encuentren un consenso, no ya sobre los nombres sino sobre empezar a negociar. El Gobierno ha hecho varios llamamientos, todos públicos, al PP y este miércoles la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, recordó en la reunión de la Mesa que los presidentes del CGPJ y del Constitucional enviaron hace meses sendas cartas al Parlamento instando a la renovación de sus miembros.

Hasta ahora, ésta ha llegado siempre de la mano de un consenso entre el PP y el PSOE, en base a la lista de 51 nombres elegidos por los jueces. Tras el 10-N en el Congreso se alcanzaría la mayoría de 210 votos necesaria con estos dos partidos a favor, entre los que, sin embargo, de momento no hay contactos formales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y este mismo jueves su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han instado a la "oposición" a consensuar la renovación. Sin entrar en si los contactos deberían retomar el pacto que se frustró el año pasado o empezar de cero, el PP espera un "cambio de actitud" del Gobierno, tras nombramiento de Delgado o las críticas a la inhabiliación de Quim Torra por parte de la JEC.

En este contexto, Vox se ha adelantado al pedir las asociaciones de jueces nombres "de verdad independientes", provocando malestar en el PP por presuponer que los candidatos de otros grupos no lo son.

Nombramientos paralizados

El Poder Judicial ha dado muestra clara del hartazgo por la ausencia de un acuerdo para renovarlo este jueves, cuando el Pleno del CGPJ ha decidido "paralizar" el nombramiento de cargos judiciales hasta que los partidos políticos no se pongan de acuerdo para renovar este órgano, así como los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato ha expirado. La congelación afecta en concreto a tres plazas de magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia de Ourense.

No obstante, la medida no será permanente. Según ha informado el CGPJ, "los procesos de cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en macha si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación".