El Gobierno llevará a los tribunales el pin parental de Vox porque "vulnera el derecho de los niños a la educación"

Celaá se encargará del ministerio de Educación.
La ministra de Educación, Isabel Celaá. 
EFE

El Ministerio de Educación y Formación Profesional recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa dirigida a imponer un pin parental en los centros educativos, al considerarlo "una censura previa" por parte de los padres a las actividades programadas por los colegios. 

En un comunicado, la ministra Isabel Celaá ha manifestado su "rechazo" a esta práctica que ha calificado de ilegal. El anuncio ha sido respaldado después por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a través de un tuit ha comentado que "el pin parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación, un derecho fundamental, un derecho constitucional".

El pin parental, defendido por Vox, permite a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias incluidas en el currículo escolar. El comunicado de Educación se produce precisamente después de que el partido liderado por Santiago Abascal pretenda incorporar esta práctica para dar el sí a los presupuestos de comunidades en las que es clave. La formación, junto a organizaciones como Hazte Oír, pretende que los progenitores puedan impedir la asistencia de sus niños a clases con contenidos sobre diversidad afectivo-sexual o diferentes modelos de familia.

Para el ministerio, la imposición de esta iniciativa es contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE), a las propias normas autonómicas, así como a la Ley Contra la Violencia de Género. Subraya, además, que "ha generado una gran controversia y rechazo por parte de la comunidad educativa"

Educación agrega que además contraviene diversos tratados internacionales ratificados por España, como la Convención sobre los Derechos del Niño o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la normativa educativa, la legislación sobre la violencia y la normativa específica en materia LGTBI.

Celaá ha insistido en que el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una "objeción de conciencia encubierta" que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española. 

Su departamento ha recordado que la normativa prescribe que son los docentes quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes. 

El propio Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes. 

Murcia, Andalucía, Madrid...

En Murcia, el pin parental es una exigencia de Vox al Gobierno de PP y Ciudadanos para apoyar los presupuestos autonómicos que se están actualmente negociando. Una situación que ya se produjo en Andalucía el año pasado, cuando PP y Cs aceptaron esta medida para que Vox aprobara las cuentas de 2020, aunque todavía no se ha desarrollado.

"Las instrucciones que la Región de Murcia ha enviado a todos los centros educativos de su comunidad vulneran claramente las competencias que tienen estos atribuidas por ley para tomar sus decisiones curriculares", ha denunciado Celaá. 

Este jueves en la comunidad madrileña, el vicepresidente, Ignacio Aguado, ha advertido a Vox que en la negociación de los presupuestos regionales para este año Ciudadanos y el Ejecutivo no van a "recortar derechos y libertades civiles", no van a "tocar" políticas en materia de violencia machista, ni introducir el pin parental. 

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