Una veintena de mujeres recibirán 13 millones de dólares de tras ser engañadas para hacer películas sexuales

Ordenador portátil.
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PIXABAY

Veintidós mujeres recibirán 12,7 millones de dólares en Estados Unidos tras demandar por fraude a los propietarios de la página web de porno, 'GirlsDoPorn' a quienes acusaron de engañarlas y difundir vídeos sexuales en los que aparecían, sin su consentimiento. 

Michael James Pratt, de 26 años y Matthew Isaac Wolfe, de 37, son los propietarios del sitio web y, junto al actor porno Rubén Andre García de 31 años, fueron demandados por una veintena de mujeres que afirmaban haber sido engañadas para hacer películas sexuales sin saber que posteriormente serían publicadas en Internet. 

El juicio, que ha durado unos cuatro meses (de agosto a noviembre), ha estado presidido en la Corte Superior de San Diego por Kevin Enright que decidió a favor de las demandantes y en contra de los 13 acusados, que deberán pagar a las mujeres 9,45 millones de dólares en daños compensatorios y 3,3 millones en daños punitivos, informa un medio local.

Enright también devolvió a las demandantes los derechos de propiedad de sus imágenes -que habían sido publicadas en varias páginas web para adultos. Además, como medida preventiva para futuros engaños y estafas, el juez también ordenó a los dueños de la página web que, en sus anuncios de reclutamiento, especificaran que esas imágenes irían publicadas en Internet y que pidieran -de forma legal y anticipada- el permiso para poder usar sus datos personales.

"El dinero es una cosa, pero estos tipos les han arruinado la vida y tenemos que arreglar esto lo mejor que podamos", dijo el abogado de las mujeres, Ed Chapplin tras la decisión del juez. 

Por otro lado, los abogados de los acusados se defendieron argumentando la mayoría de edad de las demandantes y la aceptación de los pagos cada vez que realizaban un vídeo. Ante estas declaraciones, algunas mujeres testificaron que, aunque sí que aceptaron tener relaciones sexuales en frente de la cámara para ganar dinero, la publicidad posterior y difusión de las imágenes arruinó sus vidas y carreras haciendo que incluso alguna llegara a replantearse el suicidio.

En caso de ser declarados culpables de los cargos criminales, los hombres podrían enfrentarse a cadena perpetua. Según la denuncia, las jóvenes en un principio pensaban que estaban solicitando un trabajos como modelos, hasta que, cuando fueron llevadas a San Diego, les pidieron que aparecieran en vídeos pornográficos asegurando que solo serían distribuidos en DVD y a clientes privados en el extranjero. 

Las víctimas, aseguran que no solo fueron engañadas, sino que además fueron forzadas a consumir alcohol y drogas para que cedieran sus derechos sobre sus propias imágenes, alegando que fueron víctimas de amenazas y humillaciones públicas ya que todo su entorno -amigos, familia, universidad, compañeros de trabajo- habían visto las películas o las promociones subidas a Internet. 

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