La defensa de los políticos de JxCat presos por el "procés" ha defendido que se debe clasificar en tercer grado a Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, y ha dicho que es el Departamento de Justicia, en manos de ERC, quien tiene la "decisión final" sobre ese asunto.

Jordi Pina, abogado del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, ha remitido un comunicado a los medios en el que "lamenta" las informaciones que "pretenden justificar y normalizar" la clasificación de los internos en segundo grado penitenciario. Pina se ha referido así a las informaciones procedentes de los servicios jurídicos de ERC que apuntan la previsión de que los presos sean clasificados en segundo grado -el ordinario-, aunque, si es así, recurrirán ante la justicia para reclamar que se les conceda el tercero, que permite salir a diario y regresar a la cárcel solo a dormir.

La Junta de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Mas Enric y Puig de les Basses propondrán esta semana el régimen de clasificación de los reclusos, decisión que la Secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia tiene dos meses de plazo para ratificar.

En su comunicado, el letrado de los presos de JxCat recuerda que "la decisión final de la clasificación corresponde a la Secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia" y que las juntas de tratamiento "únicamente elevarán su informe" a los responsables de la consellería.

La defensa asegura tener el "firme convencimiento" de que la clasificación de sus clientes debería ser el tercer grado, teniendo en cuenta sus "circunstancias personales": entorno social, posibilidad de encontrar empleo y ni peligrosidad ni riesgo de reincidencia ni responsabilidad civil pendiente de pagar.

"Esta defensa y mis clientes en las últimas semanas han mantenido un escrupuloso respeto hacia la labor de los profesionales de los centros penitenciarios que deben emitir los preceptivos informes", añade el comunicado de la defensa, que lamenta "las informaciones que pretenden justificar y normalizar la clasificación de los internos en segundo grado penitenciario".