El texto legislativo ha sido aprobado definitivamente en el pleno que desde la mañana de este martes acoge la Cámara gallega, donde los grupos de la oposición -que han votado en contra de la ley tras ser rechazadas sus enmiendas- han afeado "las prisas" para aprobar una normativa que consideran "una oportunidad perdida" para mejorar la gestión del agua en Galicia y hacer frente a los períodos de sequía que provocará el cambio climático.

La ley de medidas de garantía de abastecimiento busca reducir en tres años las fugas de agua a menos del 20% -las pérdidas en algunas redes municipales alcanzan el 40%-. Para ello, el próximo año se pondrán en marcha ayudas para la instalación de contadores de caudal, que serán obligatorios en los puntos de captación y de suministro final para ofrecer información acerca de fugas.

Asimismo, la nueva normativa concede un plazo de dos años desde su entrada en vigor para que los municipios con más de 20.000 habitantes -para los de menos es recomendable y no obligatorio- elaboren planes de emergencia frente a la sequía. En la actualidad no hay ningún ayuntamiento que cuente con este plan, si bien la convocatoria de ayudas recientemente impulsada por la Xunta ha registrado 80 solicitudes.

También se autorizará a los ayuntamientos a realizar expropiaciones de terrenos u otras infraestructuras necesarias para cometer obras de urgencia en periodos de sequía. Todo ello para "ahorrar agua, energía y dinero a los ciudadanos", así como con el objetivo de "blindar a Galicia frente a los desafíos del cambio climático", como expuso la conselleira de Infraestrutruas, Ethel Vázquez, durante la presentación ante la Cámara del texto legislativo en octubre de este año.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Con todo, los grupos de la oposición han aprovechado el debate previo a la votación de la nueva ley para arremeter contra el Gobierno gallego. Y es que todos han coincidido en señalar que, pese a ser un texto necesario, "no servirá" para hacer frente a los problemas de pérdidas de agua y combatir el cambio climático.

Para Luís Álvarez (PSdeG), la ley del Ejecutivo autonómico apuesta por la vía "coercitiva" en lugar de buscar la "colaboración" con los ayuntamientos, a los que impone "tutelas" y "desconfianzas", además de dar un plazo "insuficiente" de tres años para solucionar los problemas de fugas en las redes de abastecimiento.

Tras lamentar que en lo que va de legislatura "se dejasen sin ejecutar 111 millones" de un total de 161 previstos para infraestructuras hidráulicas, el parlamentario socialista ha augurado que la ley aprobada este martes "va a tener múltiples modificaciones a posteriori, como pasó con la Ley de augas, que va ya por las 30".

Por su parte, el diputado de Común da Esquerda Marcos Cal ha cargado contra una ley "negacionista del cambio climático" porque "obvia que la sequía llegó para quedarse y obvia la sequía como un elemento propio de la climatología" de Galicia.

Para Cal, la normativa "relanza las viejas políticas de hormigón, promoviendo negocios basados en grandes trasvases y más presas" y hace "caer toda la responsabilidad" en los ayuntamientos cuando "las sequías no son un fenómeno local, sino regional".

"Este proyecto de ley es la constatación de un fracaso, de 10 años perdidos por el PP en la Xunta en materia de aguas. Lo que viene a decir el PP con esta ley es que desisten, que no le toca resolver gran parte del problema y pone deberes a los demás, a los ayuntamientos", ha subrayado durante su intervención el parlamentario del BNG Luis Bará, que ha echado en falta que el Gobierno gallego contase con la "participación" de los colectivos implicados en la elaboración de la norma.

Davide Rodríguez (Grupo Mixto) ha puesto el foco en que la nueva ley pivota en torno a la creación de un "régimen sancionador" en lugar de ir en la dirección de establecer ayudas a las entidades locales para que reduzcan el volumen de pérdidas de agua. "Es una ley necesaria, pero no como se ha hecho. Debería abrirse un período de reflexión mucho más largo", ha apostillado.

Por último, el diputado popular Gonzalo Trenor ha incidido en que la nueva norma apela a la "responsabilidad" de los ayuntamientos a la hora de mejorar las redes de abastecimiento de agua, si bien ha remarcado que la ley "respeta" la autonomía local y la forma de gestionar el abastecimiento de aguas.