Así lo acuerda el magistrado de la Audiencia Nacional a tres días de los Juegos Olímpicos, en un auto en el que admite a trámite la querella interpuesta por estos hechos por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa Sherpa.

El juez considera que la Justicia española es competente para la investigación de estos hechos, que pueden ser constitutivos de un crimen contra la humanidad y, en concreto, de lesa humanidad, "dada la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención (...) con infracción de las normas internacionales (...) y las torturas".

Una población perseguida

Según el auto, la población tibetana es un "grupo o colectivo perseguido por las autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".

Los siete políticos y militares chinos ahora imputados en esta causa son: el ministro de Defensa, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado, Geng Huichang; el secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli, y el miembro del Politburó en Pekín Wang Lequan.

La investigación también afecta al líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.

Pedraz cita a declarar como testigos para el 4 de septiembre al responsable de seguridad del gobierno tibetano en el exilio y al director del centro tibetano para los derechos humanos y la democracia del Ministerio de Seguridad del gobierno tibetano en el exilio y para el 7 de septiembre al responsable del reciente informe de Amnistía Internacional sobre la represión en el Tíbet.