'Obstinada realidad, derechos pendientes'
La responsable de política interior de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez durante la presentación del informe. Víctor Lerena / EFE

Más de 600.000 mujeres fueron víctimas de la violencia machista el año pasado en España, de cuales el 21% presentó una denuncia contra su pareja o ex pareja. Así se desprende del informe 'Obstinada realidad, derechos pendientes ' que ha presentado este jueves Amnistía Internacional (AI), realizado para evaluar los tres años de funcionamiento de la Ley contra la Violencia de Género.

En estos tres años se han incrementado los asesinatos de mujeres que habían denunciado

La organización internacional concluye que dicha ley no está funcionando, y ha criticado la "autocomplacencia" del Gobierno en este aspecto. Según sus datos, en tres años se ha incrementado los casos de mujeres asesinadas que habían denunciado a su agresor (el 30% de las mujeres asesinadas en 2007) y de las que murieron a pesar de tener orden de protección en vigor (12 de las 71 que murieron el año pasado).

Para Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional en España la atención sanitaria de calidad, el acceso a recursos de atención integral, la asistencia letrada o la consolidación del principio de la no discriminación son "compromisos sin cumplir" para las mujeres que sufren la violencia machista.

Casos reales

La organización ha mostrado varias historias para ejemplificar su preocupación por este asunto. Como el de Ana, una adolescente colombiana de 17 años, que fue agredida por su pareja por romper una relación de tres años en los que hubo malos tratos desde el principio. Ana fue a la comisaría de la Policía Nacional de León para denunciarlo. Allí le dijeron que estaban muy ocupados y que fuera a la Policía Municipal.

Una chica de 17 años agredida tuvo que declarar en el juicio sin asistencia letrada

Una vez allí, los agentes de la municipal le dijeron que pidiera un parte de lesiones en un centro de salud. Cuando regresó con el informe médico, los municipales la enviaron a la Policía Nacional, que le dijeron que volviese al día siguiente para presentar una denuncia en el Servicio de Atención a la Familia (SAF).

Al día siguiente, Ana acudió al SAF para presentar la denuncia, sin embargo, cuando intentó localizar al letrado de guardia del turno de oficio no dio con él y tuvo que declarar en el juicio sin asistencia letrada.

Escasa formación de policías y sanitarios

El caso de Ana es una muestra de la escasa formación que tienen los agentes de policía, una situación que se repite entre los profesionales sanitarios, pese a que, según Amnistía, la formación de los implicados debería ser un aspecto "básico" y obligatorio de la ley.

Respecto a los juzgados especializados, "que eran la medida estrella de la ley", recuerda la autora del informe María Naredo, autora del informe, "es muy desalentador" ver que no persiguen los delitos ni investigan de oficio, como muestra el hecho de que el número de casos sobreseídos en estos juzgados ha crecido el 180 por ciento entre 2005 y 2007.