La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría saldar la polémica del juez Rafael Tirado con una sanción económica leve, de entre 1.000 y 6.000 euros.

El órgano judicial investiga al magistrado por no haber ejecutado una sentencia contra Santiago del Valle, que debería haber ingresado en prisión por un caso de abusos contra su propia hija, pero que continuó en libertad, lo que le permitió asesinar a la niña onubense Mari Luz Cortés, caso que se investiga en la actualidad.

Alarma social

Al juez Tirado se le abrió un expediente por falta muy grave de desatención, tal y como recoge el diario El País, expediente que se resolverá presumiblemente durante el mes de julio. En cualquier caso, el fiscal general del Estado no apreció negligencia en la actuación del magistrado.

Lo sucedido con el magistrado causó un gran revuelo social tanto por la gravedad de los hechos como por la imagen de abandono y desorganización de la Justicia.