La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, Quim Torra y anteriormente del narcotraficante Sito Miñanco.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que el registro se está practicando en el domicilio de Boye en Madrid y que el abogado no está detenido.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar este miércoles a Boye como imputado por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.

Fuentes jurídicas han confirmado que Boye Tusset debe comparecer a las 12.00 horas ante la titular del juzgado número 3 de la Audiencia, que le investiga en el marco de una pieza separada por blanqueo derivada de la causa que se sigue contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, a quien Boye dejó de representar hace unas dos semanas.

La operación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y que desarrollan agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, está vinculada a la causa judicializada de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de 62 años.

Derivado de esta investigación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, la juez acordó abrir una pieza separada estrictamente por delitos de blanqueo, que se ha declarado secreta, y en la que se investiga a Boye y a otras personas, por lo que se han ordenado distintos registros, si bien no se han producido detenciones.

Hace unas dos semanas, Boye dejó de representar a Miñanco en esta causa y es ahora el abogado Jacobo Teijelo el que se ha hecho cargo de la defensa del narcotraficante, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Teijelo es conocido por haber ejercido la defensa de Imad Eddin Barkat, Abu Dahdah, líder de la célula Al Qaeda desarticulada en España tras el 11-S, y también ha estado personado como defensa de alguno de los imputados en el caso Púnica y en Lezo.

El histórico narcotraficante gallego fue detenido en febrero de 2018 junto a una veintena de presuntos miembros de su banda acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Las investigaciones apuntaban que Miñanco lideraba una importante red de narcotraficantes desde 2016, meses después de que se le otorgara la semilibertad, lo que le permitía dormir diariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz). De hecho, fue arrestado cuando salía de ese centro. Fuentes de la Audiencia Nacional han informado de esta operación en la que se están practicando varios registros en una causa que está secreta.

Tras la detención, Miñanco fue juzgado por otra causa de blanqueo que tenía pendiente en la Audiencia de Pontevedra, que le acabó condenando a cuatro años de cárcel y multa de 6 millones de euros por blanquear dinero procedente de la droga entre 1988 y 2007 mediante la adquisición de bienes inmuebles a través de una inmobiliaria.

Precisamente en el marco de esa causa, el tribunal impuso una multa de 2.000 euros a su por entonces abogado, Gonzalo Boye, por vapear en la sala durante el juicio, lo que para el tribunal supuso una conducta "irrespetuosa y desconsiderada" y un comportamiento "irreverente", "inaudito y asombroso".

Boye fue condenado en 1996 a 14 años de prisión por la Audiencia Nacional junto a otros dos miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno por colaborar con la organización terrorista ETA en el secuestro del industrial español Emiliano Revilla. El secuestro de Revilla se prolongó a lo largo de ocho meses y finalizó con la liberación del empresario tras el pago de un rescate millonario.

Durante su reclusión en la prisión de Navalcarnero (Madrid) se licenció en Derecho por la UNED y quedó en libertad en diciembre de 2002. A partir de entonces comenzó a ejercer la abogacía y desde 2004 es socio fundador, junto a su segunda mujer, Isabel Elbal, del bufete penal Boye-Elbal y Asociados, en Madrid.

Como abogado, en 2007 llevó la acusación de una mujer chilena que había perdido a su marido en los atentados del 11-M (2004) de Madrid, también está personado como acusación particular de Observatori Desc, en la causa en la que se investiga en la Audiencia Nacional la caja B del PP.

Ha sido también defensor en causas de enaltecimiento del terrorismo como la del líder de Def con Dos, César Strawberry, o la del rapero Josep Miquel Arenas, alías Valtonyc, que fue condenado a tres años de prisión y que huyó a Bélgica para evitar su cumplimiento, donde ha coincidido con Carles Puigdemnot, al que Boye también defiende.

También defendió en 2011 a imputados por el acoso a diputados del Parlamento catalán y a los tres acusados de lanzar tartas en Toulouse (Francia) a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina. En marzo de 2012 fue uno de los promotores, a la vez que editor, de la revista satírica Mongolia, puesto este último que dejó en julio de 2017 para centrarse en otros retos profesionales.

En febrero de 2015 protagoniza el documental sobre su vida Boye, de Sebastián Arabia, estrenado en julio del año siguiente. Además, ejerce como profesor universitario de Derecho Penal y Derecho Penitenciario y profesor de Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid.

El candidato de En Comú Podem al 10N, Jaume Asens, ha criticado que "una vez condenados los presos, ahora van a por los exiliados. Y comienzan contra su abogado".  En su cuenta de twitter, Asens ha escrito "¿Alguien se cree que estarían registrando la casa de Boye si no fuera abogados de Puigdemont y Toni Comín?".