El Constitucional decide a principios de la próxima semana si acuerda o no la paralización de la exhumación de los restos de Franco que el Gobierno va a realizar antes del 25 de octubre, si bien se trata de una posibilidad remota a la vista de las pocas medidas cautelarísimas que acuerda este tribunal.

Fuentes jurídicas han explicado que se trata de la última maniobra legal de los nietos del dictador para impedir la exhumación con carácter inmediato, aunque las expectativas no apuntan a ello.

La familia Franco presentó ayer un recurso de amparo de 120 páginas al tribunal de garantías en el que pide como medida cautelarísima que paralice la exhumación de los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos.

Aunque no existe un plazo para ello, este paso obliga a los magistrados a pronunciarse a principios de la próxima semana sobre si acepta o no la cautelarísima, previsiblemente el lunes o martes, según han señalado a Efe fuentes jurídicas.

La cautelarísima es una medida muy excepcional que se aplica en supuestos muy extremos, de manera que suele ser poco probable que el Constitucional la acuerde, precisan las mismas fuentes.

Eso sí, lo que no implica es suspensión alguna de los planes del Gobierno, es decir, que no obliga al Ejecutivo a esperar a la resolución del Constitucional, sino que pude exhumar desde ya.

Esto es así porque mientras no se adopte ninguna suspensión, el aval del Tribunal Supremo está completamente vigente.

Otra cosa es que el Ejecutivo espere a conocer el fallo del TC para ejecutar la sentencia y contar, aun más si cabe, con el aval del Constitucional, dado que su pronunciamiento es cuestión de días y está en el plazo que maneja el Gobierno de sacar a Franco de Cuelgamuros antes del 25 de octubre.

En caso de que el Constitucional no acceda a la cautelarísima de la familia, las fuentes dejan claro que el recurso de amparo no condiciona en modo alguno la exhumación, de manera que su admisión o no a tramite no es obstáculo para actuar en el Valle de los Caídos.

Como tampoco lo es el procedimiento que instruye el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, Jose Yusty, que tiene paralizada la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para actuar en la basílica.

Este magistrado se resiste a archivar esta causa, si bien poco importa ya, una vez que el Supremo le ha dejado claro que "es la Sala III del Supremo el único órgano jurisdiccional competente" para resolver sobre todos los aspectos relacionados con la exhumación.