Este lunes la Fiscal General del Estado, María José Segarra, presentaba la memoria del Ministerio Fiscal de 2018, coincidiendo con la apertura del nuevo año judicial. Se trata de un documento de casi 1.500 páginas en el que se da cuenta de todas las actuaciones de este órgano, así como observaciones y datos estadísticos sobre variados tipos delictivos, entre los que sobresalen menciones al 'procés', a la violencia machista, a la corrupción, a los delitos sexuales cometidos por menores.

En sus consideraciones sobre la violencia de género, la memoria de la Fiscalía emite inicialmente una valoración "relativamente positiva", al comprobar una reducción en las 49 muertes producidas en 2018 frente a las 53 del año anterior, aunque remarca que "cualquier muerte es inadmisible e injustificable".

Sin embargo, el Ministerio Fiscal también constata que el número de víctimas mortales que previamente habían presentado denuncia crece respecto del periodo inmediatamente anterior, algo que, se expone, "genera la frustrante sensación de que, a pesar de la mayor confianza de las víctimas en la respuesta judicial, no se ha sido capaz de ofrecer la protección adecuada para garantizar su seguridad". Relativo a esto, más adelante se dice que en ninguno de los casos se habían establecido procedimientos de control telemáticos, ni siquiera cuando existían varias denuncias sobre el agresor o la valoración del riesgo potencial era alta. La Fiscalía, también, pide una mejora en los tiempos de respuesta ante los quebrantamientos de las medidas cautelares, incluso cuando se produzcan sin oposición de la víctima.

Respecto de los agresores, se refleja que en torno a un tercio de ellos (16 de 33, un 33,32%) eran de nacionalidad extranjera, y se destaca que 8 se quitaron la vida nada más cometer la agresión y 6 de ellos lo intentaron.

Posteriormente, el documento menciona que "la brutalidad de los medios empleados o en la forma de dar muerte a la víctima sigue siendo el otro rasgo de identidad que acompaña a estos delitos. Con frecuencia, la violencia y el número de heridas ocasionadas es superior a la necesaria para causar la muerte, pues lo que se busca es precisamente infligir el mayor daño posible".

En general, se señala un aumento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que respecto al año previo es de un 23,2%, con una incidencia muy alta de víctimas menores de edad. En estos casos, se pone de relieve la problemática que supone que el delito se cometa dentro de "relaciones muy próximas entre víctima y agresor".Para atajarlos, se propone la "normalización" de medidas "de grabación de vídeo en espacios cerrados", como "despachos o aulas", que permitan, por una parte, probar hechos que asta ahora son difícilmente demostrables por la "extrema intimidad" en la que se producen, pero por otra también evitar "lacerantes" sospechas o imputaciones infundadas.

También, en la lucha contra estos delitos, se sugiere añadir a los exámenes físicos de las víctimas la recogida de muestras de sangre y fluidos para la práctica de pruebas toxicológicas que permitan dilucidar la presencia de sustancias inhibidoras de la voluntad", ya que, de acuerdo con las tesis sostenidas en el escrito, se produce un "indefinido índice de impunidad".

En este campo, la Fiscalía defiende su posición en el caso de "La manada", en el que el órgano pedía que se juzgase a los sospechosos por agresión sexual y no por abuso, una posición finalmente ratificada por el Tribunal Supremo.

Una de las conclusiones más preocupantes del documento se refiere al "incremento de los delitos contra la libertad sexual" a manos de menores de edad, poniendo de manifiesto un crecimiento que va de los 1.386 reflejados en la memoria de 2017 a los 1.833 en 2018. Este aumento, señalan, no se da solo en delitos de abuso sexual sino también en el caso de las agresiones, antes "estabilizadas o a la baja".

Entre los aspectos relativos a este fenómeno, se señalan algunas tendencias "inquietantes", como son la implicación de menores de cada vez más corta edad, así como a una "gran precocidad y comportamientos y relaciones altamente sexualizados entre menores de muy corta edad" o la "actuación grupal", llegándose a hablar de un posible "efecto contagio".

En un sentido más amplio, al respecto de los delitos perpetrados por menores, la memoria de la Fiscalía pone de manifiesto una reducción general de los "delitos asociados a la marginalidad", como pueden ser los robos con violencia o los hurtos, frente a un aumento de otros como la violencia doméstica contra ascendientes o hermanos, violencia de género o los delitos sexuales, tipologías que aparecen atribuídas a "una deficiente educación y una pobre formación en valores".

Pese a que la memoria se congratula de que "en el ámbito de los ingresos, la Administración Tributaria ha logrado un control razonable de las rentas de los contribuyentes, lo que ha contribuido a reducir significativamente la bolsa de fraude", el documento reconoce que en el control del gasto público "queda una amplia labor por realizar", y señala las contrataciones y subvenciones como principales áreas de riesgo.

También, admiten que "la falta de rendición de cuentas de algunos Ayuntamientos resulta preocupante y trata de corregirse con los medios que otorga la legislación vigente".

Con todo, la información estadística sobre Delitos Económicos es casi inexistente el el documento, algo que aparece atribuído a "la inexistencia de un sistema informático normalizado e igual para todo el territorio", pero se ofrecen algunos datos generales, como un ligero aumento de las defraudaciones de IVA y Sociedades y una disminución moderada de las de IRPF. En cambio, respecto a los societarios, se admite abiertamente la incapacidad para computarlos.

La memoria se refiere también a las consecuencias penales de la crisis bancaria, que "continúa consumiendo importantes recursos de la Fiscalía y exige de los fiscales un gran esfuerzo para su inicial comprensión y para su posterior encaje penal".