La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha destacado este lunes la "imperiosa obligación" de todos los españoles de "acatar la sentencia que se dicte" en el juicio del "procés", "sea cual sea el sentido de la misma", y ha añadido que en este asunto la Fiscalía ha actuado "de manera autónoma".

En su intervención en el acto de apertura del Año Judicial celebrado en la misma sala del Supremo que acogió el juicio por el 1-O, Segarra ha dedicado un apartado a Cataluña afirmando que, "frente a la extraordinaria gravedad de los hechos" que se juzgaron, la respuesta de la justicia "ha sido la aplicación serena, firme y rigurosa de la ley".

"Precisamente en este momento creemos que es oportuno señalar que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma", ha dicho Segarra, ya que la "única forma posible" de garantizar la convivencia en un Estado democrático es mediante el respeto a la ley.

La máxima responsable del Ministerio Público ha hecho estas manifestaciones durante su discurso ante el Rey y las máximas autoridades judiciales. Entre los presentes, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la cúpula judicial encabezada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes; la práctica totalidad de miembros del alto tribunal y altos representantes de la Fiscalía, vocales del CGPJ y también integrantes del Legislativo como la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet y varios miembros de esta Cámara.

En su Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2018, el Ministerio Público ha dedicado un apartado a Cataluña y ha señalado la "sensación agridulce" que le ha quedado al contemplar las decisiones adoptadas en determinados tribunales de otros países de la Unión Europea. En este sentido, ha advertido de que la cooperación judicial internacional se basa en una confianza mutua que "puede quebrarse".

En lo que a España se refiere, la Fiscalía destaca el "compromiso" en la defensa del Estado de Derecho de sus representantes destinados en Cataluña, así como pone en valor el trabajo realizado tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, pues "casi un año después de la denominada 'declaración unilateral de independencia', en fecha 2 de noviembre de 2018 se formularon los escritos de acusación".

Además, incide en que la valoración "estrictamente jurídica" que llevó a Fiscalía a apreciar delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, en función del tipo de participación de cada uno de los procesados de ambas causas se hizo "desde el más escrupuloso respeto al principio de presunción de inocencia.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, también ha destacado el papel de los magistrados de la Sala Segunda que en el juicio del procès han puesto de manifiesto "una vez más, el compromiso de nuestros jueces con la defensa de los valores del Estado de Derecho proclamados por la Constitución".

Lesmes ha agradecido a todas las partes, incluyendo acusaciones y defensas, la "profesionalidad y el rigor" con el que han llevado a cabo este procedimiento. El juicio que quedó vista para sentencia el pasado 12 de junio, ha afirmado, "es el paradigma de esos miles de procesos que se celebran todos los días en nuestro país, dirigidos por jueces anónimos, y que se construyen sobre los pilares de la responsabilidad, dedicación, profesionalidad y búsqueda constante de la protección de los derechos de los ciudadanos, sin distinguir entre grandes y pequeños pleitos".